Pese a los reclamos de magistrados del Poder Judicial tucumano, el gobernador, José Alperovich, ratificó su intención de que se apruebe la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, que habilita a los fueros penales provinciales a intervenir en causas sobre narcotráfico a menor escala.
El mandatario confirmó que el proyecto será elevado a la Legislatura para que sea tratado en la primera sesión ordinaria de 2014, que se celebraría el 13 de marzo. Aclaró que tomará cerca de un año adecuar las estructuras de la Justicia local para que tengan competencia en los casos contra dealers.
Estimó que serán elevados los costos de tomar estos expedientes, que hoy son trabajados en las oficinas de la Justicia federal. “La plata que nos están pidiendo es muy mucha, arriba de los $ 200 millones. Pero vamos a ir viendo, porque estos son momentos donde hay que cuidar mucho la plata, no nos está sobrando, entonces vamos a ir viendo de a poquitito”, expresó. La cifra representaría la mitad del presupuesto 2013 del Poder Judicial. A fines de enero, tras el anuncio de adhesión a la norma, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y los fiscales del fuero penal provincial habían expresado su descontento por la medida, y anticiparon que necesitaban recursos humanos y materiales para entender en esas pesquisas.
El presidente de la CSJT, Antonio Gandur, había estimado que requerirían de la creación de 14 nuevas oficinas, entre ellas, de seis nuevas fiscalías de instrucción y cuatro juzgados de instrucción. Los investigadores, en tanto, habían pedido la instalación de laboratorios de toxicología; la creación de la policía judicial; la apertura de sitios de tratamiento de adicciones y la capacitación de los empleados.
El plan para que la Provincia adhiera a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737) es impulsado por la Nación. La gestión alperovichista, sin embargo, lo incorporó en un programa propio al que denominó “Noche Segura”.
Hace 17 días, quedó en claro que el Ejecutivo Nacional tiene interés en que los fueros locales se encarguen del combate del narcotráfico al menudeo. Visitaron la provincia los ministros de la Nación Juan Manzur (Salud) y María Cecilia Rodríguez (Seguridad). Con ellos vino el titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina. “Las justicias provinciales tienen que hacerse cargo de esto. Tenemos que involucrarnos todos”, había remarcado el cura.
El gobernador sostuvo que, si bien implementar ese sistema insumirá una cifra millonaria, se va a trabajar paulatinamente para ponerlo en funcionamiento. “Creo que (al proyecto) lo vamos a mandar en la próxima sesión que se haga en la Legislatura. Lo único que estamos evaluando (son los planteos en los que) la Justicia nos pide una serie de cosas; se va a necesitar por lo menos un año para la readecuación. O sea que la vamos a mandar (a la iniciativa), pero se va a demorar en implementarse un año una vez que esté aprobada”, dijo Alperovich.
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin, explicó que esta iniciativa ya se discutió con funcionarios de otras 21 jurisdicciones, algunas de las cuales ya se adhirieron. “La venta al menudeo tiene una situación muy significativa en algunos barrios”, destacó Mirkin. Y agregó qué rol le corresponderá a su cartera, que trabajará en conjunto con la de Seguridad (Jorge Gassenbauer). “Nos haríamos cargo de la prevención y de la atención de quienes ya están con problemas de dependencia”, adelantó. Señaló que se está analizando una reforma en la Ley de Ministerios, y que tras esto se nombrará al sucesor de Alfredo Miroli en la Secretaría de Prevención a las Adicciones.
Queja de fiscales.- El primer rechazo expreso al proyecto oficialista para “provincializar” las causas sobre narcotráfico al menudeo emanó de los fiscales de Instrucción en lo Penal. “Actualmente el sistema se encuentra colapsado y sobrecargado de causas que puede procesar, por lo que un eventual aumento de competencia en el orden señalado agravaría aún más la situación poniendo el sistema en crisis. En 2013, el Centro Judicial Capital ha registrado el ingreso de aproximadamente 61.000 nuevas causas, lo que significa un incremento del 28% con relación al año anterior, situación que se replica en los centros judiciales de Concepción y de Monteros”, expresaron 12 fiscales de la Capital en comunicado oficial.
Explicación oficial.- “Nuestra real intención es atacar el menudeo, que está haciendo un daño importante a nuestras comunidades más débiles. Para esto hace falta una acción más inmediata, que nosotros creemos que vamos a tener una respuesta dentro de la Justicia provincial”, señaló Jorge Gassenbauer, ministro de Seguridad, a comienzos de febrero.
La reacción de la Corte.- “Considero que una decisión de esta importancia tiene que ser realizada con datos y estudios que permitan tomar medidas adecuadas y certeras. Sólo estas herramientas posibilitan brindar una respuesta seria sobre una problemática compleja y sensible”, afirmó el presidente de la Corte Suprema tucumana, Antonio Gandur.
En la Justicia Federal.- Ricardo Mario Sanjuán, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones, también fue consultado sobre el tema. “La provincia tiene que estudiar a fondo el asunto. Me llama la atención que no maneje las cifras. Los números reales son los nuestros: no es lo que la gente cree o dice. En la provincia no existen oficinas para la prevención y la rehabilitación de adictos: nunca han funcionado y las que había fueron desmanteladas. Existe un gran vacío en este tema clave”, criticó el ex funcionario de Fernando Riera.
Pedido.- Este mes, en una visita a Tucumán, el sacerdote Juan Carlos Molina, titular de la Sedronar, reconoció que pidieron a todas las provincias que se sumen a la norma y recordó que en tres distritos ya está vigente: Buenos Aires, Córdoba y La Rioja. “Podemos hacer 50 centros de día por barrio, pero si no atacan al que vende, a la problemática la seguimos teniendo. Está bien atacar lo grande, pero hay que meternos en lo cotidiano. Tenemos que empezar a trabajar en serio. No podemos seguir dilatando, por eso estas mesas de trabajo”, dijo.