Los tironeos por el reparto de los fondos entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales signaron la vida democrática desde 1983 hasta el presente. El pago de salarios, la financiación de obras públicas y de otros emprendimientos sufren los efectos de la puja.

Peronistas, radicales y partidos de distrito protagonizaron esos duelos, que condicionan el destino de más de un proyecto político. Afectó, al mismo tiempo el clima social de las distintas zonas. El debate sobre la vigencia del federalismo se desplegó en diversos momentos desde fines del 83.

El despegue

En la Casa de Gobierno de esta ciudad, el PJ empezó a planificar su estrategia frente al ascendente poder de Raúl Alfonsín. Era el país peronista contra el país radical. Isabel Perón vino a Tucumán el 14 de diciembre.

Luego de hablar con ella, los gobernadores Fernando Riera, Carlos Juárez, Ramón Saadi, Roberto Romero, Carlos Snopeck, Adolfo Rodríguez Saá, Floro Bogado, José María Vernet Florencio Tenev, Rubén Marín y Carlos Menem, unificaron criterios ante el nuevo panorama.

Queremos un trato igualitario, no queremos provincias mendicantes, apuntó Riera tras el encuentro. El 21 de diciembre los gobernadores del PJ acudieron a la Casa Rosada con una nota en la que reclamaban una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, el envío del 100% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la intervención de los estados provinciales en el diseño de las políticas que incidían en sus jurisdicciones. Alfonsín y el ministro del Interior, Antonio Tróccoli, dialogaron con el grupo que había deliberado en Tucumán. Riera no fue y delegó su representación en Vicente Navarro (ministro de Economía). El radical les contestó que esperaba acordar una metodología de trabajo con el PJ, ante la existencia de problemas comunes.

Las dificultades

La política económica del ministro Bernardo Grinspun chocó con los límites que le imponían la deuda externa heredada del gobierno de facto, la elevada inflación y el abultado desequilibrio fiscal. A eso se adicionaba la presión del peronismo, que insistía en reformar el esquema de coparticipación impositiva de la dictadura que perjudicaba a las provincias.

No bien despuntó enero del 84, algunos gobernadores del NOA -entre ellos Riera- emitieron un documento en esta ciudad, en el que renovaban su compromiso de preservar el funcionamiento del país federativo. Reconocían su preocupación por el hecho de que Tucumán y Salta no habían recibido partidas para pagar salarios.

Tróccoli negoció incansablamente con gobernadores del nordeste y de la Patagonia. A la Casa Rosada le inquietaba la conformación de alianzas regionales de tinte opositor.

El turno de febrero

Días antes de concluir enero, Riera reveló que Tróccoli -de quien era amigo- había aceptado su invitación para examinar la situación con los jefes del noroeste. La cita con el ministro del Interior se concretó el 24 de febrero.

Tróccoli y los gobernadores firmaron un documento con diferentes compromisos. La Nación se avenía a impulsar una nueva ley de coparticipación que estableciera el equilibrio económico, y a cubrir los baches presupuestarios de las administraciones locales.

Los gobernadores, a su vez, se obligaban a mejorar la recaudación tributaria y a disminuir el déficit fiscal. Ellos, paralelamente, en otro documento, denunciaban que hasta entonces había triunfado la política del puerto, conduciendo a las provincias a la sumisión y a la negación de sus derechos. Tróccoli refirió que hubo diálogos francos y debates. Fue un tironeo intenso.