La fuerte devaluación del peso que promovió el ministerio de Economía comenzó a sumar efectos no deseados en varios frentes de un gobierno económicamente jaqueado que se encuentra en medio de varias encrucijadas.

La disminución de la asistencia por parte de la Reserva Federal en la recompra de bonos es una señal clara que el dólar comenzará un proceso lento pero sostenido de fortalecimiento en el mundo y, de allí, el movimiento que afecta a los países emergentes.

Claro que los efectos serán distintos, dependiendo del grado de preparación que tengan las economías para defenderse de las corridas cambiarias.

El caso argentino es uno de los más débiles y por eso es que su riesgo-país y su costo del seguro frente a un eventual default son los más altos del mundo, solo comparable con Venezuela.

No es casual, entonces, que el propio Fondo Monetario Internacional haya equiparado a ambas economías, mostrándolas como las más afectadas en la región.

La evaluación de la economía argentina quedó plasmada en una reunión que mantuvieron Barry Ritholtz, del fondo Ritholz Management y Hans Humes, de Greylock Capital, dos de los principales fondos de inversión que en un tiempo tuvieron deuda argentina en sus portafolios, con un grupo de inversores.

Ambos financistas coincidieron en afirmar que lo que sucede en el país es el resultado “de años de gestión económica irracional”, al tiempo que calificaron a la compra de deuda de países emergentes como “peligrosa”, a pesar de los altos niveles de rendimiento. También compartieron la visión sobre las estadísticas, al puntualizar que “el Gobierno ha estado mintiendo sobre su inflación durante años y ahora tienen una inflación reprimida”, para luego concluir en que “éste no es un buen momento para recuperar la confianza de los inversores, porque la Argentina tiene que resolver una serie de problemas aun pendientes como los juicios pendientes que tienen en nuestros tribunales y el tema con el Club de París”.

Un aspecto relacionado con la devaluación y la caída de reservas es el efecto expansivo sobre las distintas deudas en dólares de la Nación, las provincias y las empresas y el sombrío panorama de su repago o la necesidad de reestructurarlas.

Uno de los principales afectados por el salto cambiario es el gobierno porteño, uno de los mayores emisores de deuda en pesos con ajuste (”dólar linked”) a hoy por el equivalente a 760 millones de dólares, lanzados desde octubre de 2012. La última emisión se hizo la semana pasada cuando el tipo de cambio oficial era de $ 6,90. En unos días, con el ajuste que hizo el BCRA, la Ciudad de Buenos Aires ya debía 16% más -unos 20 millones de dólares- por la suba a 8 pesos del dólar oficial, lo que, entre otras cosas, mereció una fuerte crítica de todo el gabinete de Mauricio Macri al ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, por la falta de timing en la colocación de deuda.

Otro caso es el de la provincia del Chubut, que también emitió este tipo de obligaciones.

En estos casos, el riesgo es menor ya que se emiten nominadas en dólares, pero se suscriben y se repagan en pesos al tipo de cambio oficial y no necesitan acceso a divisas del BCRA. Sin embargo, la devaluación afectará a estos emisores en la medida que sus ingresos públicos no aumenten o que no reciban asistencia financiera de la Nación, como es el caso de la administración porteña.

Otro tipo de impacto tendrá la devaluación sobre la deuda provincial emitida bajo Ley extranjera, como fue el caso del Chaco durante la gestión del actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien unilateralmente pesificó una deuda que debía pagarse en dólares. O el caso de Tucumán y de Formosa, que necesitan acceso a las divisas vía el BCRA. En estos casos, la devaluación encarece la deuda desde el punto de vista de la recaudación provincial y la caída de reservas puede frenar al BCRA a entregar las divisas, como le ocurrió a Capitanich cuando usó como fundamento para pesificar ese bloqueo.

Para los casos del sector privado, los bonos emitidos bajo Ley extranjera también tendrán un impacto negativo ya que las empresas que accedieron al mercado internacional deberán hacer frente a obligaciones más caras y como contrapartida con menores ingresos de caja.

Es el caso de YPF que tiene un pasivo financiero equivalente a 64% de su patrimonio neto y con tarifas reguladas por el Estado. Este es el trasfondo de la disputa entre el ministro de Economía, Axel Kicillof y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, por una readecuación tarifaria que permita mejorar el flujo de caja de la compañía.

La devaluación no es gratuita y tendrá efectos inmediatos sobre inflación y salarios, más allá del enfriamiento de la economía que puede generar la suba de las tasas de interés. Pero, también propagará su onda expansiva y lo más probable es que comiencen más temprano que tarde procesos de reestructuración para mejorar el perfil del endeudamiento soberano y corporativo.