La incertidumbre y las expectativas sobre el veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en torno al diferendo marítimo que mantienen Chile y Perú ha provocado un ambiente de tensión en ambos países. Esto ocurre poco más de una semana antes de que se conozca el fallo.

La idea de un diputado chileno de convocar a un plebiscito para ratificar o rechazar la sentencia y el llamado del ex presidente peruano Alan García para izar la bandera peruana en todo el país el 27 de enero, día en que se anunciará el fallo, son algunas de las proposiciones que han encendido los ánimos en uno y otro lado.

La intervención de las más altas autoridades de Chile y de Perú, para pedir tranquilidad y prudencia a sus ciudadanos antes del veredicto, tuvo un efecto positivo: lograron moderar (aunque sea en parte) los llamados más incendiarios. Esta no es la primera vez que chilenos y peruanos -distanciados por su pasado histórico- tienen desencuentros que llevan a algunos a proponer soluciones extremas.

El desafecto viene desde la llamada Guerra del Pacífico, conflagración en la que Perú, aliado con Bolivia, libró contra Chile en 1879. Concluyó con la ocupación y el saqueo de Lima por parte de tropas chilenas.

Ahora, el tema es el reclamo peruano que realizó el entonces presidente peruano García en 2008 y que busca que la CIJ se pronuncie sobre las demarcaciones marítimas de ambos países.

Chile ha desestimado la exigencia peruana pues sostiene que su soberanía en la frontera marítima común está plenamente legitimada por los tratados suscritos en 1952 y 1954, que también firmó Ecuador.

En tanto, Perú, que reivindica unos 35.000 kilómetros cuadrados de mar ahora bajo soberanía chilena, no da valor de tratados a esas firmas sino que los califica de simples instrumentos pesqueros (aunque les reconoce mérito como convenios limítrofes para su frontera con los ecuatorianos).

“La CIJ debería fallar en derecho y no lo que pueda aparecer como una demanda reivindicativa de Perú de algo que no se condice con los tratados vigentes”, dijo recientemente el presidente del Senado chileno, Jorge Pizarro.

Este político, que calificó de acto “inamistoso” la iniciativa peruana de llevar el caso a La Haya, es de filiación demócrata cristiano, la principal colectividad de la Nueva Mayoría, la coalición de centroizquierda que acompañará a la presidenta electa, Michelle Bachelet, en su nuevo periodo presidencial de cuatro años (se iniciará el 11 de marzo).

Aunque ha mantenido un mismo discurso con el gobierno frente al fallo, el conglomerado opositor ha reprobado la llamada política de “cuerdas separadas”, en la que por un carril van los asuntos comerciales y por otro el político en las relaciones de la administración Piñera con el Perú.

“Es evidente que ha primado un interés más comercial que político en esta estrategia”, criticó Pizarro, mientras que otros, como su colega Ignacio Walter, ex jefe de la diplomacia chilena, también reprochó al gobierno y calificó como “un error (de Piñera) condecorar al presidente Alan García”. Es que aún recuerdan los insultos del entonces mandatario peruano cuando llamó “republiqueta” a la nación chilena.

Optimismo
En Perú, las autoridades están convencidas de que el dictamen les será favorable y la misma ciudadanía ha expresado mayoritariamente la certeza de que su reclamo será acogido por la CIJ, según una encuesta divulgada en Lima. No obstante, el “triunfalismo” peruano ha despertado suspicacias en Chile, hasta tal punto que el diputado y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, dijo que Lima parecía tener conocimiento anticipado del fallo.

Tarud, del opositor Partido por la Democracia (PPD), es el mismo parlamentario que exigió al gobierno de Piñera que, en caso de un fallo adverso, convoque a un plebiscito para que los chilenos sean los que lo acepten o rechacen. Hasta ahora, ninguno de sus comentarios y pedidos tuvieron acogida.

La proximidad del dictamen ha generado también rumores, rápidamente desmentidos por los involucrados, como aquel que hablaba de una suspensión de las vacaciones a miembros de las Fuerzas Armadas y del acuartelamiento de carabineros (la policía militarizada chilena) entre el 15 de enero y el 5 de febrero.

A pesar de las tensiones acumuladas desde que la CIJ acogió a trámite la protesta de Lima hace cinco años, las máximas autoridades de ambos países han ratificado una y otra vez que acatarán el fallo que será leído el lunes 27 de enero en una audiencia pública en el Palacio de la Paz de La Haya, en Holanda.