La situación judicial de ocho policías detenidos, imputados de presunta sedición y otros delitos perpetrados durante la tensa protesta salarial de la fuerza, entre el 9 y el 11 de diciembre, comienza a complicarse. Anoche, el juez de feria Víctor Rougés dispuso la prisión preventiva en su contra.
Ayer, poco después de las 19, comenzaron a ser notificados en los tribunales penales de avenida Sarmiento al 400 de la decisión los cesanteados Diego Alberto Herrera, Miguel Ángel Toledo, Ángel René Chaile y Pablo Pedro Pérez (por presunta sedición e impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, en concurso real con los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber pertenecido a la fuerza de seguridad, y coacción agravada por el uso de armas); y de los suboficiales Sergio Omar Hogas, Federico Antonio Castro, Eugenio Alejandro Mamaní y Flavia María Belén Bedmar (por supuesta sedición agravada por ser agentes de la fuerza pública y por la ostentación de armas e impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, en concurso real con los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y coacción agravada por el uso de armas). Los hombres, tras escuchar el dictado de la prisión preventiva por parte del magistrado, fueron trasladados a la unidad 6 del penal de Villa Urquiza; la suboficial Bedmar, en tanto, quedó alojada en la Escuela de Policía.
El requerimiento
El planteo había sido firmado en la penúltima semana de diciembre por los fiscales de Instrucción Adriana Gianonni (de la VIII° Nominación) y Washington Navarro Dávila (en reemplazo de Diego López Ávila, de la IV° Nominación). Según los investigadores, hay fotos, filmaciones, testimonios y actas que demostrarían la participación de los acusados en un supuesto “alzamiento en armas contra el poder público provincial”.
Los fiscales, en el requerimiento al que hizo lugar el juez de feria, consideraron “tanto ciudadanos comunes como miembros de las fuerzas de seguridad son susceptibles de considerarse sujetos activos del delito de sedición”. “Nos encontramos ante la comisión de un delito que afectó el poder público y el orden constitucional, atacando los imputados -y el grupo de personas que comandaban- un sistema republicano de gobierno que se vio avasallado y coartado en su decisión desde el momento en que se rubricó el acuerdo que pondría fin a uno de los sucesos más trágicos y tristes que le tocó vivir a la provincia de Tucumán en sus últimos años de historia”, indicaron los investigación.
Según la imputación, “el cónclave sedicioso fue organizado a través de medios tecnológicos (redes sociales y mensajes entre celulares) para el 8 de diciembre frente al club All Boys”. “Fue allí donde emergieron las ideas que servirían de excusa para mantener por casi 72 horas el conflicto”, se destacó.
Al dictarse la prisión preventiva, el imputado o acusado de un delito es obligado a permanecer en prisión, durante la investigación criminal, hasta la celebración del juicio oral. Ese período no puede extenderse por más de dos años.