Finalmente, tras 25 días de conflicto sindical, el Gobierno firmó con los gremios estatales un acuerdo que le traerá una paz transitoria. Ayer, el Poder Ejecutivo (PE) accedió a otorgar un bono de $ 1.000 por única vez y en dos cuotas. La primera se abonará en esta semana, y la segunda junto al sueldo de febrero.

Se trata de un incentivo excepcional que no correrá a cuenta de futuros aumentos. El monto obtenido corresponde a la mitad de las exigencias originarias de los estatales (pedían $ 2.000). No obstante, representa un avance sobre la primera propuesta que les había formulado el Gobierno el viernes pasado, cuando ofreció abonarles $ 500 a cuenta de futuros aumentos de sueldo.

El acuerdo se firmó ayer en Casa de Gobierno, en el marco de una reunión que mantuvieron los ministros de Economía, Jorge Jiménez; y de Gobierno, Edmundo Jiménez, con representantes de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Sindicato de Trabajadores de la Vivienda (Sitravi) y Municipales del Interior.

El encuentro duró poco más de media hora y se realizó en un clima distendido. Ya a primera hora, en Casa de Gobierno el fin del conflicto era un rumor a voces, y era posible advertir que el entendimiento estaba cerca por el ánimo que exhibía una comitiva inusualmente grande, de unos 50 estatales, que ingresó sonriente al despacho de Edmundo Jiménez.

Al finalizar la reunión, fue el ministro de Economía quien adelantó los resultados. “El acuerdo representa para la Provincia un impacto económico de $ 100 millones, y ahora tenemos que trabajar para juntar la plata”, dijo, a la vez que admitió que para hacer frente a estos gastos “sí o sí” la Provincia necesitará de la asistencia financiera de la Nación.

En términos generales, los representantes gremiales se mostraron satisfechos con el acuerdo, al que calificaron como una conquista del plan de lucha (con cortes de ruta) que iniciaron apenas dos días después de que la Policía obtuviera un aumento salarial del 35%, el 10 de diciembre.

Los gremios advirtieron que la tregua podría durar poco: pese al bono obtenido, no renuncian a la exigencia de la apertura anticipada de paritarias. Sostienen que tienen que comenzar, a más tardar, a principios de febrero, y que el aumento debe ser similar al obtenido por la fuerza de seguridad e incorporado al salario básico.

El ministro de Gobierno destacó, sin embargo, que la fecha de inicio de las negociaciones será consensuada con cada gremio, y relativizó la posibilidad de partir de un piso del 35%. “Lo veremos cuando iniciemos las conversaciones. Cada sector tiene una composición salarial distinta”, advirtió el funcionario.

El titular de ATE, Martín Rodríguez, anticipó que no será tan sencillo llegar a un entendimiento con el PE. “Las paritarias van a ser muy duras, porque hay inflación y nuestros sueldos están por debajo de la línea de pobreza. Todos los estatales son pobres”, dijo. David Toledo (ATEP) fue insistente. “Si bien tendremos en cuenta los parámetros que fije la paritaria docente nacional, partiremos del piso que ya estableció el aumento de la Policía”, remarcó. “Lo que a nosotros nos interesa realmente es la paritaria”, destacó Francisco Osorio, secretario de Negociación de UPCN. “Necesitamos que el aumento sea sobre el básico”, agregó. El representante de ATSA, Reneé Ramírez, aclaró que las subas que se consigan serán retroactivas a enero. “La exigencia es de aumentos en blanco, que impacten en el presentismo, el escalafón y el básico”, enfatizó.

Las medidas de fuerza fueron suspendidas, pero los dirigentes advirtieron que serán retomadas en caso de que el PE no abra las paritarias de manera anticipada.