Las caóticas jornadas del 9 y 10 de diciembre dejaron en Tucumán un saldo marcado por la injusticia y el descontento social. La revuelta policial, los saqueos que le siguieron y la experiencia de la autodefensa dispararon la necesidad de reconstruir el viejo pacto social, roto en cuestión de horas.

Investigar los delitos que se habían multiplicado como plaga durante esos días, detener y enjuiciar a los culpables se planteó como la estrategia principal para recuperar la confianza que se hizo trizas en cuestión de algunas horas.

Las detenciones comenzaron a los pocos días de restablecida la calma. Tres semanas más tarde el Gobierno exhibió las cifras de la paz: ocho policías acusados de sedición, 5.000 artículos recuperados y 90 detenidos.

El alerta, sin embargo, se encendió en Alderetes. Un muchacho había sido apresado cuando volvía de cuidar un comercio y desde entonces vegeta en un calabozo de la comisaría, según denunció su madre. Más tarde, se acercaron más parientes a relatar las circunstancias en la que sus hijos, esposos y padres habían sido detenidos esa noche, en distintos puntos de la ciudad, sin que se les haya encontrado mercadería ni armas de fuego.

En Alderetes, 11 personas permanecen detenidas, acusadas de haber participado de algún saqueo, aunque no se especificó cuáles, cuándo, ni cómo.

No hubo saqueos

La fiscala Adriana Reinoso Cuello pidió la prisión preventiva de todos, alegando que habían ingresado a comercios de esa ciudad y que habían sustraído mercadería. Lo curioso es que, según confirmaron a LA GACETA comerciantes, vecinos y el comisario de la seccional, Carlos Brito, en Alderetes no se registraron saqueos. Por una cuestión de horario, Brito supone que los detenidos venían de robar el súper Changomas de Banda del Río Salí: ese comercio acababa de ser saqueado y el comisario dio por sentado que los imputados habían participado.

Hasta aquí, la investigación parece haberse detenido en los arrestos, ya que Brito reconoció que no hubo allanamientos posteriores, ni declaraciones de testigos, y todavía no se determinó quiénes son los damnificados, es decir, los comercios atacados.

Una celda sin ventanas
Los 11 detenidos permanecen alojados, desde el 10 de diciembre, en una celda de aproximadamente 16 m², según relataron sus familiares. No se conocían previamente, detallaron, pero allí trabaron una especie de amistad.

Conviven con otras 15 personas más, acusadas de otros delitos. El calabozo no tiene ventana, por lo que no entra aire ni luz del día. Tampoco hay colchones ni sanitarios, y sólo un agujero en el piso opera como improvisada letrina para las 25 almas que allí se alojan, según expresaron madres que tuvieron acceso al lugar.

También indicaron que la celda tiene una puerta de reja, pero sólo aquellos reos con experiencia y autoridad por sus antecedentes se sientan cerca de ella y respiran el aire que llega de afuera. Muchos manifestaron su preocupación porque, señalan, la falta de higiene en el lugar ya les ocasionó escaras.

Dos veces por semana, durante 10 minutos, los detenidos pueden salir de la celda y recibir la visita de sus familiares. Las charlas por lo general se refieren a vericuetos legales que ocasionaron que, a casi un mes de las detenciones, todavía su situación procesal no se haya resuelto.

El futuro inmediato de los arrestados está en manos del juez de feria Víctor Rougés, que deberá decidir hasta el miércoles el pedido de prisión preventiva de los detenidos. Todos están acusados de hurto calamitoso en grado de tentativa.