El sector público de la Argentina, compuesto por la Nación, las provincias y los municipios, administra aproximadamente el 45% del Producto Bruto Interno (PBI). Así lo indica un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), elaborado con datos recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el reporte, esto implica que del total de los ingresos públicos, poco más de la mitad queda en poder de los privados mientras que el resto es administrado por alguno de los tres niveles del Estado. En 2003, el gasto estatal del país representaba el 30% del PBI, es decir que el crecimiento de las erogaciones públicas totales en la última década, en relación al PBI, fue del 50%.

Idesa señala que las estimaciones del FMI también permiten analizar los niveles de gasto público de otros países de América Latina, entre 2003 y 2013:

• En Chile, el gasto público total pasó del 22% al 24% del PBI.

• En Uruguay, el gasto del Estado creció del 33% al 35% del PBI.

• En Brasil, el gasto público total aumento del 39% al 40% del PBI.

El estudio indica que la mayoría de las naciones del Cono Sur asignaron una mayor cantidad de recursos al sector público, pero acompañaron este proceso con expansión económica. “La tendencia del resto de los países de la región fue hacia una mayor asignación de recursos para el sector estatal. Pero en los países vecinos, el aumento del sector público se dio por el crecimiento de la actividad económica y por un moderado incremento en su participación dentro del PBI”, observa Idesa.

La Argentina, remarca el informe, es el país con el sector público más grande del Cono Sur”, agrega.

El peligro de emitir

Una de las manifestaciones del deterioro del Estado es la creciente apelación a la inflación como forma de financiamiento. Según Idesa, aunque la presión tributaria creció a niveles récords en el país, no alcanza para financiar el gasto público total. “Por eso se recurre a la emisión monetaria sin respaldo. La consecuencia es que desde hace cinco años las tasas de inflación de la Argentina son superiores al 20% anual, cuando en los países vecinos se ubican entre el 4% y el 8% anual”, explica.

Otra manifestación del deterioro que señala el estudio es la mala calidad de los servicios que brinda el Estado. La pérdida de calidad de la educación pública es vertiginosa. Según Idesa, ocho de cada diez nuevos alumnos de primaria y de secundaria optaron, en la última década, por establecimientos privados. “En materia de seguridad, creció la contratación de servicios privados y parte de la población se arma para autodefenderse de la inseguridad. “La insuficiente inversión en infraestructura ha generalizado la autogeneración de electricidad, incluso para el consumo familiar. Lo más paradójico es la elevada proporción de la población que sigue viviendo en la pobreza, cuando el Estado maneja casi la mitad de los recursos”, advierte.

Sobre este punto, el informe subraya que el progreso de un país no depende del tamaño del Estado, sino de la calidad de la gestión pública. “Prueba de ello es que en los países más avanzados las dimensiones del sector público son muy variables. El éxito no depende tanto de la cantidad de recursos apropiados por el Estado a través el cobro de impuestos, sino de la calidad de los servicios mediante los cuales los impuestos retornan a la sociedad”, Finalmente, Idesa remarca que para revertir este panorama es clave mejorar la calidad de la gestión estatal. “El debate ideológico sobre el tamaño del Estado es estéril. El Estado fracasa en educación, en seguridad y en infraestructura por insuficiencia de gestión. Entonces, no logra erradicar la pobreza. Por eso, el debate relevante pasa por introducir inteligencia, transparencia y profesionalidad en la administración pública”, concluye.