Uno de los temas conflictivos en el seno de la Universidad Nacional de Tucumán y que aún sigue sin resolverse, ha sido el nuevo emplazamiento de la sede del programa de Educación Permanente para Adultos Mayores (EPAM). De la controversia han participado también el secretario provincial de Derechos Humanos, Humberto Rava, y el presidente de Corte Suprema de Justicia y profesor consulto de la UNT, Antonio Gandur.

Durante muchos años, los talleres del EPAM funcionaron en un inmueble de la ex calle Rivadavia al 400. Por alquileres impagos y otras cuestiones, la actividad fue trasladada en abril pasado al edificio la avenida Sarmiento al 1.100, donde funcionaba la ex central termoeléctrica de Agua y Energía, que fue cedida en custodia a la UNT por el Organismo de Bienes del Estado. A lo largo del año, un grupo de alumnos expresaron su disconformidad por el nuevo local por considerarlo inadecuado e inseguro. A partir de entonces, sucedieron marchas de protesta, que casi no fueron escuchadas por las autoridades de la casa de altos estudios.

La indignación del grupo beligerante se incrementó cuando LA GACETA dio a conocer en octubre que, en 2009, la UNT había adquirido un inmueble en Muñecas 430 para ser destinado por resolución al EPAM y que había sido cedido a la Facultad de Derecho. Efectuaron entonces una ruidosa manifestación en el Rectorado de la casa de altos estudios, y lograron finalmente que, tras seis meses de protestas, el rector los atendiera por primera vez. En esa oportunidad, Juan Alberto Cerisola les dijo que el edificio de la calle Muñecas pasaría al EPAM, cuando se terminaran las obras en Derecho, pero no precisó una fecha. El rector puso en duda los motivos insalubridad por los que se cuestiona a la ex usina, y dijo: “Vaya a ver dónde están las ratas, las aguas infectadas... lo que pasa es que si usted quiere estar a dos cuadras de su casa en el centro... Es la verdad, todo el mundo lo sabe”. En lugar de apaciguar los ánimos, sus declaraciones contribuyeron a exasperarlos.

El magistrado Gandur intentó mediar en el conflicto sin éxito, y a mediados de noviembre, solicitó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por el estado “deplorable” del edificio de Sarmiento 1.100. El titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia efectuó una inspección y elaboró un informe que fue enviado a su par nacional. “Desde nuestra perspectiva, el inmueble no es apto para funcionar como marco físico en donde se desarrollan clases y talleres de un programa de educación para adultos mayores, en atención a los defectos estructurales, todo ello sin perjuicio de importar un retroceso con relación con las condiciones en que se desarrollaban en su antigua sede”, afirmó Rava. En su informe indicó que los principales problemas de la sede son la falta de salubridad, las plagas, los restos de instalaciones y desechos industriales, así como la falta de ascensores.

El EPAM, creado hace 28 años, es uno de los programas de mayor éxito de la casa de estudios, que cumple con una verdadera extensión universitaria, dirigida a los adultos mayores, un sector vulnerable y a menudo marginado por la sociedad activa. Sería importante que se llegara a una pronta solución satisfactoria que les permitiera a los estudiantes seguir disfrutando en paz de este rincón de vida que significa para muchos de ellos el EPAM.