Molesto y sorprendido por las críticas al Pacto Social por parte de algunos dirigentes, el ex ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, salió a defender lo que considera una herramienta jurídica y financiera clave. “Permitió que los intendentes atiendan obligaciones salariales y de funcionamiento en los últimos 10 años, con lo cual se pudo mantener la paz social en cada municipio”, afirmó.

Aunque hoy ocupa una banca en Diputados, el de Jaldo no resulta un alegato más en pro del Pacto Social, dentro de los que pudieran pronunciar otros hombres cercanos al gobernador, José Alperovich: el tranqueño condujo el Ministerio del Interior desde su creación -el 29 de octubre de 2007-, por lo que conoce en detalle la situación en los municipios y en las comunas.

El llamado Pacto Social consiste en un acuerdo mediante el cual el Gobierno provincial se hace cargo del pago de salarios de los empleados -Pacto Sueldo- y/o de la ejecución de obras -Pacto Obras- en los municipios que lo suscriban, mientras que estos resignan los fondos que les corresponden por coparticipación. Este acuerdo nació en 2000, bajo la gobernación de Julio Miranda. Alperovich se desempeñaba como ministro de Economía.

La Legislatura sancionó el jueves la edición 2014 del Pacto Social. La normativa presenta una diferencia respecto de la que venía rigiendo: en lugar de suscribirlo por un año, los municipios que decidan ingresar al Pacto deberán ratificar esta decisión en forma mensual. Allí estribaron las críticas que se oyeron durante los días previos a la sanción y en el recinto legislativo. El legislador José Orellana -hermano del intendente de Famaillá, Juan Orellana; devenidos massistas- había dicho que, esa metodología volvería a los intendentes rehenes del Poder Ejecutivo y que este los iba a extorsionar.

El jueves, en su habitual recorrida matutina, el gobernador les había contestado. “Me extrañan (las críticas), porque no es obligatorio; es voluntario: el que no quiera entrar al Pacto Social, que no entre”, había dicho.

Algo así también señaló Jaldo. “Es totalmente optativo. De hecho, seis municipios no utilizan esta herramienta. Estos atienden sus obligaciones con sus recursos que la Nación y la Provincia les giran en tiempo y forma, en concepto de coparticipación nacional, provincial, y Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)”, contó.

Aumento salarial

Agregó que el Pacto no sólo atiende el pago de sueldos, sino que, además, incluye los eventuales aumentos salariales. “La Provincia otorga incrementos para los empleados provinciales; pero por decisión del gobernador, también se benefician los municipales”, indicó. Y cargó contra los críticos. “Considero infundados e injustos los cuestionamientos; los encuadro dentro de una politiquería barata. Los que somos políticos y tenemos la responsabilidad institucional de gobernar debemos ser muy prudentes al tomar decisiones; debemos priorizar el bien común de nuestros representados”, lanzó.

LA GACETA le consultó sobre la futura relación con Famaillá. “Está incluida en la ley que se aprobó el jueves; el gobernador decidió seguir asistiendo al municipio, para que los empleados sigan cobrando en tiempo y forma. Salvo que las autoridades locales decidan lo contrario”, dijo.

Finanzas famaillenses

Pero la situación financiera de Famaillá, de acuerdo a números oficiales a los cuales accedió LA GACETA, no parece ser distendida, como para prescindir del auxilio del Gobierno provincial. Si se toma en cuenta el período efectivamente ejecutado, que llega hasta octubre pasado, a ese municipio -que se encuentra dentro del Pacto Social 2013- habrían ingresado, en concepto de coparticipaciones federal y provincial, y de FDI unos $ 37,4 millones. Lo desembolsado en concepto de sueldos -incluido los incrementos- alcanza, sin embargo, los $ 46,1 millones. Esto da un déficit hasta ese mes de $ 9,8 millones, siempre según los papeles aportados por fuentes de Casa de Gobierno.

Si estos números se proyectan, y se incluye diciembre, a Famaillá habrían ingresado $ 44,9 millones, por coparticipaciones federal y provincial y por FDI; pero se habrá ido en sueldos alrededor de $ 55,8 millones, lo que da un rojo anual de casi $ 11 millones.

Este monto pasa a engordar la deuda que ese municipio mantiene con la Provincia, que a octubre pasado llegaba a casi $ 127 millones (deuda consolidada). El 94,5% de este pasivo corresponde a la diferencia que aporta la Provincia en el Pacto Social para saldar el pago de salarios.