El peronista disidente Fernando Enrique Romero, que realizó una denuncia penal por supuesto fraude al Estado debido a los gastos de la reforma de 2006, llevó el caso a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En opinión del dirigente, el presidente de aquella Convención Constituyente (CC), Juan Manzur, habría violado la ley penal tributaria, al haber evadido -según la presentación- los pagos por impuestos a las ganancias y aportes previsionales, entre otros, por los servicios que prestaron los asesores del cuerpo.
Hace siete años, el alperovichismo impulsó la reforma de la Carta Magna provincial para habilitar la reelección para cargos legislativos y ejecutivos. La ley que convocó la modificación constitucional indicaba que los convencionales no cobrarían por su labor; sí se permitían gastos de funcionamiento. En la sesión final de la CC, en junio de 2006, se aprobó la rendición de cuentas por $ 1,8 millón. Estos desembolsos tuvieron el visto bueno en las revisiones del PE y del Tribunal de Cuentas. Las erogaciones fueron aprobadas por falta de tratamiento en la Legislatura.
Romero asegura que se violó la normativa impositiva en la CC, y acusa a Manzur. “La mayoría de estos honorabilísimos caballeros (por los convencionales) cobraron, y por ello, además de incumplir con la ley de convocatoria y estafar a la ciudadanía haciendo creer que eran ad honórem, resultaron ser sine honórem, ya que además no tributaron sobre sus percepciones el impuesto a la ganancia y tampoco hicieron el aporte previsional respectivo”, dijo.