En el año previo a la transición de gobierno, el alperovichismo decidió meter mano y modificar, por primera vez desde su creación, el convenio de asistencia financiera entre los municipios y la Provincia. Así, a partir de 2014, los desembolsos que hará el Poder Ejecutivo a las administraciones locales serán pactados mensualmente. Los cambios, según admiten en Casa de Gobierno, buscan otorgarle al gobernador, José Alperovich, mayor margen de negociación con los intendentes durante 2014.

El proyecto será tratado hoy por la Legislatura, en una sesión que comenzará a las 9. El origen del denominado Pacto Social se remonta a 2000, cuando el entonces gobernador, Julio Miranda, puso en práctica esta modalidad por la cual la Provincia garantiza el pago de los sueldos en el interior, mientras que los municipios que se adhieren ceden los fondos de la coparticipación. En aquella gestión, el ministro de Economía era José Alperovich. Desde entonces, hay dos fuentes de financiamiento del convenio: el “Pacto Sueldo”, y el “Pacto Obras”.

Hasta aquí, el acuerdo era firmado anualmente, y los recursos no podían ser modificados por ninguna de las partes una vez aprobados por la Legislatura y, luego, por los Concejos Deliberantes locales. En cambio, a partir de 2014 el artículo tercero del convenio prevé un cambio sustancial. “Facúltase al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio del Interior y/o Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales se determinen mes a mes los desembolsos a ser erogados; a tal fin se podrá requerir previo a dichos desembolsos los informes y documentación que se consideren pertinentes”, sostiene el texto que debatirán hoy los parlamentarios.

Esta salvedad de revisión mensual del convenio obedece, según fuentes del alperovichismo, a que respecto de la marcha de la economía en 2014 aún hay mucha incertidumbre. Por eso, aseguran en el PE, la intención es evitar promesas que luego no puedan ser cumplidas. No obstante, la sugestiva modificación llega en el penúltimo año de gestión de Alperovich. Precisamente, el mandatario ya no podrá buscar una tercera reelección en 2015, y desde algunos municipios se alzaron las primeras voces separatistas. Por ejemplo, en Famaillá los mellizos Orellana (Juan, intendente; y José, legislador) se mostraron sumamente críticos del Gobierno a partir de las elecciones de diputados de este año. Incluso, el legislador Orellana anunció su desembarco al espacio del intendente de Tigre, Sergio Massa, y su salida formal de las filas del kirchnerismo.

En San Miguel de Tucumán, aunque no hay aún una ruptura explícita, ya surgieron diferencias entre el sector del intendente Domingo Amaya y el alperovichismo. Por eso, desde ambos espacios díscolos formularon advertencias respecto de las verdaderas intenciones que esconde el oficialismo al modificar el tradicional convenio. Especialmente, por el apartado que le permite al Poder Ejecutivo requerir informes y documentación a los municipios antes de autorizar y definir de cuánto será el desembolso de ese mes.

Sin variaciones

Más allá de ese cambio sustancial en el sistema de distribución de los fondos, el Pacto Social 2014 no prevé mayores erogaciones, con respecto a 2013.

En el anexo que será tratado por los parlamentarios, consta que entre los 19 municipios se repartirán $ 1.410 millones, idéntica cifra que la pautada para el año que finaliza. De ese total, $ 1.169,8 corresponden a salarios y $ 240,5 millones a obras. Las 93 comunas rurales, en tanto, gozarán de $ 80 millones para sueldos y obras.

De las 18 intendencias anotadas, 14 continuarán dentro de la modalidad de asistencia para salarios de sus empleados y la realización de trabajos de infraestructura. En cambio, cinco (Simoca, Burruyacu, Trancas, Graneros y Las Talitas) se mantendrán dentro del acuerdo para recibir fondos para obras públicas. Sólo La Cocha sigue al margen de ambos convenios.

Los montos asignados a cada municipio respetan los parámetros de este año. La Capital, por ejemplo, recibiría $ 609 millones por el Pacto Sueldo y otros $ 77,4 millones por el Pacto Obras. Lo que develará 2014, en realidad, es si el Ejecutivo girará todos esos recursos o modificará las pautas cada 30 días, ahora que podrá hacerlo.