Hace casi 18 meses, Miguel Ángel Brito renunció a la conducción de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), una repartición clave en la gestión alperovichista para la concreción de obras públicas. Aunque ocupó ese cargo durante más de cuatro años, desde su dimisión el ingeniero -hoy asesor del oficialista Sergio Mansilla en el Senado de la Nación- debe dar explicaciones por las tareas que realizó mientras fue funcionario de José Alperovich.

Esta semana, Brito no sólo fue formalmente imputado por el fiscal de Instrucción, Arnoldo Suasnábar, en la causa penal por presunto fraude a la administración pública. Además, el Tribunal de Cuentas (TC) emitió el acuerdo N° 3.377, que establece el inicio de un juicio de responsabilidad por supuestas irregularidades detectadas en una auditoría.

El informe comprende tres años de la gestión de Brito (de 2008 a 2011). Cuatro ingenieros fiscales del ente de contralor se repartieron más de 400 expedientes de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, y hallaron anomalías en 89 casos, según el documento firmado por los integrantes del TC, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales). “Este organismo de control cuenta con elementos de convicción suficientes que permiten colegir prima facie, en esta instancia, que en el período analizado (...) surge el ejercicio por parte de la DAU de procedimientos y conductas administrativas contractuales irregulares, (...) potencialmente generadoras de un perjuicio a la Hacienda Pública”, determinaron las autoridades del Tribunal. Y señalaron que esta situación se produjo en el contexto resultante de la aplicación de la todavía vigente Ley 7.960, que habilita a la DAU a realizar contrataciones directas por hasta $ 150.000 en caso de necesidad y urgencia. “(La norma) instituía un régimen de excepción para dicha repartición, en relación tanto de la Ley de Obras Públicas como la Ley de Administración Financiera”, remarcó el TC.

Dos procesos

Parte de la auditoría ya fue anexada a la causa penal que investiga el fiscal Suasnábar. Brito declaró el jueves en los Tribunales, asesorado por el abogado Arnoldo Ahumada, y negó haber perpetrado algún delito como funcionario.

En paralelo, el Tribunal de Cuentas lleva adelante una pesquisa administrativa. “Del total de expedientes (de obras públicas) auditados, se detectaron 89 casos con irregularidades”, apuntó el ente de contralor. Para diferenciar las presuntas anomalías, diferenciaron dos grupos: “1) 56 expedientes que tratan de contrataciones de materiales, servicios y/o mano de obra de trabajos que no se ejecutaron o se ejecutaron parcialmente; 2) 33 expedientes que tratan de contrataciones de materiales, servicios y/o mano de obra de trabajos que no pudieron ser constatados”. En cuanto a este último punto, el TC explicó que existen tres motivos: “a) la DAU informa que los expedientes de origen a la contratación no fueron encontrados; b) indefinición en su localización (...); c) por la naturaleza de los trabajos”.

Chaibén Terraf, Vidal y Díaz Ricci determinaron que correspondía iniciar el juicio de responsabilidad contra Brito, titular de la repartición durante el período cuestionado. “Un agente o funcionario público en el orden administrativo puede incurrir en responsabilidad administrativa patrimonial, que es propia o específica de la relación de empleo público que lo une al Estado, la cual se configura cuando sus actos, hechos u omisiones contravinieren las normas que rigen a la función, ocasionando una lesión a los intereses de la Hacienda Pública”, expresó el TC. En el documento, no se valuó el perjuicio al erario consignado por el organismo de control. El acuerdo N° 3.377 sí establece que, durante esta etapa del procedimiento, se podría ampliar la imputación contra otros funcionarios.