MADRID.- El gobierno conservador de Mariano Rajoy aprobó una reforma del aborto que pondrá fin en España al derecho de la mujer a abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación y que además deja fuera las malformaciones del feto como supuesto para la interrupción voluntaria del embarazo. La ley, que aún debe ser tramitada en el Parlamento, tipifica el aborto como delito. Un delito despenalizado solo en dos casos: violación y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer.

La medida causó un gran revuelo en el país, pese a que desde hace ya tiempo se esperaba una reforma restrictiva. Organizaciones de mujeres convocaron protestas y el Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición, apeló a la “conciencia y sensibilidad” de las 76 diputadas del Partido Popular (PP) de Rajoy para que voten en contra en la tramitación parlamentaria de la ley y esta no salga adelante.

La reforma pondrá fin a la ley de plazos del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que rige desde 2010 y sacó el aborto del Código Penal. Una vez pase el trámite parlamentario y entre en vigor, la interrupción voluntaria del embarazo dejará de ser un derecho de la mujer. El PP recurrió en su día la ley de Zapatero ante el Tribunal Constitucional pero, una vez en el gobierno, no quiso esperar al pronunciamiento de la corte. La reforma “iba en nuestro programa electoral y hemos hecho una regulación en la misma línea de la ley del 85, que rigió en España durante 20 años y que fue aprobada por el gobierno (socialista) de Felipe González”, argumentó Rajoy.

La ley de 1985, la inmediatamente anterior a la de 2010, permitía sin embargo el aborto por malformaciones fetales, algo que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dejó fuera de la futura norma. “No hay embriones de primera o de segunda, como no hay en nuestra legislación personas de primera o de segunda”, dijo.

A las puertas de La Moncloa -sede del Gobierno- se concentró un grupo de mujeres para protestar por la futura ley, que alejará a España de la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), donde rigen leyes de plazos que permiten abortar en un periodo prefijado sin alegar motivo alguno. (DPA)