La transgresión pareciera formar parte de la idiosincrasia de los tucumanos, especialmente en materia vial. El interior de la provincia no es una excepción de lo que sucede en la capital. Desde hace años, funciona el servicio de auto rural compartido en el sur. Por ejemplo, en Concepción, una de sus principales calles, la Italia a la altura del 1.200 y 1.300, es conocida como la “calle de los piratas” porque es la “terminal” de los llamados remises truchos, cuyos destinos son San Miguel de Tucumán, Monteros, Alberdi, Aguilares y otros puntos.

Pese a que los usuarios reconocen que viajar en estos vehículos es inseguro, en muchos casos justifican su empleo en la comodidad que les significa que los dejen en el lugar adonde van o muy cerca, así como en la rapidez. Lo curioso es que una buena noticia como la construcción de la nueva y anhelada terminal de ómnibus, cuya inauguración está prevista para fines de 2014, está generando inquietudes no sólo en los choferes, sino también en los comerciantes de la zona. Los “piratas” se preguntan si podrán seguir trabajando en esa calle, mientras los segundos consideran que la venta caerá porque en esa zona hay bares, negocios que venden todo tipo de artículos a los que participan de la actividad de los taxis truchos, y destacan la comodidad para el usuario de que estos se hallan a una cuadra del centro de Concepción.

El trayecto preferido de estos “piratas” en la vieja traza de la insegura ruta nacional N° 38. Sobrepasan larguísimos camiones, se tiran a la banquina sin señalización adecuada, pocos respetan los semáforos y se arriesgan con la famosa maniobra llamada “boletear”. Pero lo más grave es que los mismos choferes revelan que el 90% de los vehículos son ilegales, pese a que el servicio se legalizó en 2005. En junio del año pasado, una periodista de nuestro diario vivió la experiencia de viajar en los autos rurales, desde San Miguel de Tucumán a Aguilares. Comprobó que pocos vehículos se hallaban en buen estado. Uno de los choferes quebró varias veces las normas de tránsito en pocos kilómetros: pasó un semáforo en rojo, sobrepasó rodados cuando había doble raya amarilla y, sin anunciar con guiños sus movimientos, se detuvo una y otra vez en las paradas. El vehículo no llevaba el cartel de autorización que otorga la Dirección de Transporte. A lo largo de más de 60 kilómetros, no atravesaron por ningún puesto de control ni observó ningún operativo.

La causa de la transgresión puede encontrarse en la ley que fue aprobada por la Legislatura en 2005 y que autorizaba la circulación de automóviles con más de 10 años de antigüedad para un servicio público, lo cual colisionaba con la Ley Nacional de Tránsito, a sabiendas de los legisladores. Lo mismo sucedió cuando se creó el Sutrappa. Hay autos circulantes modelo 1995, próximos a cumplir 10 años. Los mismos choferes rurales dijeron el año pasado que en Tucumán había más de 3.000 vehículos trabajando, y más de la mitad lo hacía en forma ilegal. De acuerdo con el padrón registrado en la Dirección de Transporte provincial, había 1.200 coches legalizados.

Esta situación refleja el escaso o nulo control de las autoridades para garantizarles a los usuarios de este servicio un viaje seguro y hacer cumplir la ley. Por otro lado, la irresponsabilidad de la gente también es la que abona la existencia de la ilegalidad en este servicio, en el que tanto conductores como pasajeros ponen en riesgo la propia vida y la del prójimo en caso de suceder un accidente.