Las palabras del presidente del Tribunal Oral Federal (TOF), Carlos Jiménez Montilla, ayer a las 15.30, antes de la lectura de la histórica sentencia de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” fueron un preludio. El juez pidió al secretario Mariano García Zavalía que leyera el artículo del Código Procesal Penal que indica que el público debe mantener un buen comportamiento en la sala. “Este juicio ha llevado 90 audiencias. Fue un esfuerzo importante para la Justicia argentina. Les insisto que guardemos la compostura necesaria a los efectos de poder escuchar la sentencia de la manera más pacífica posible”. Dos horas exactas después, el estrado era blanco del repudio de los familiares de las 215 víctimas, que se retiraron de la sala antes de que concluyera el veredicto (Ver: “La bronca invadió a las familias...”).

Los jueces Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (Ver “Reynaga, el juez...”) condenaron a cuatro de los imputados a perpetua y a 32 a condenas de entre dos y 20 años y absolvió a cuatro de ellos.

Es el mayor número de condenados en la provincia por un juicio por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de estado.

Las sanciones más severas fueron para tres ex policías (dos de ellos ya condenados a perpetua) y un ex militar. Entre los ex uniformados provinciales se encuentran Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido y Ricardo Sánchez. A los primeros, que pertenecieron al Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC), se los responsabilizó por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía. Mientras que el ex miembro de la fuerza nacional fue Luis Varela. Apodado “Naso”, habría sido segundo jefe del destacamento de Inteligencia 142 y estuvo a cargo del centro clandestino de detención y exterminio que se instaló en el Arsenal “Miguel de Azcuénaga” y de otros dependientes del Ejército.

El TOF absolvió a cuatro de los sospechosos por el “principio de la duda”: el ex gendarme Celso Barraza, el sacerdote José Mijalchyk, el escribano Juan Carlos Benedicto y el ex militar Luis De Urquiza. (Ver: “El sacerdote Mijalchyk”).

Cárcel común

Se dispuso que 35 de los condenados permanezcan en la cárcel de Villa Urquiza. Dos de ellos, al agente de inteligencia Guillermo López Guerrero (condenado a cuatro años) y el ex policía Oscar Gómez (a 16 años) continuarán en prisión domiciliaria por cuestiones de salud. María Elena Guerra que recibió la pena de dos años por la usurpación de la casa del matrimonio de víctimas Araldi-Oesterheld dormiría anoche en su vivienda. Sucede que sus abogados pidieron la excarcelación durante la tarde de ayer y le fue concedida.

Horas después de la sentencia, Barraza, Mijalchyk y Benedicto cumplían los trámites para quedar en libertad. Lo propio hacía De Urquiza en la cárcel de Ezeiza (Buenos Aires).

Los fundamentos de la decisión de los magistrados se conocerán el 19 de marzo del año próximo.

El sexto juicio de Derechos Humanos concluyó tras 13 meses de debate. Fue el primero de esta magnitud en celebrarse en la provincia. Las víctimas sumaron 215, los imputados 41 y los testigos que pasaron por la sala, más de 400. Además, se cumplieron reconocimientos en los principales centros clandestinos de la provincia. Uno de ellos, el Arsenal.

Este fue el primer proceso oral que juzgó delitos en ese predio militar ubicado en Las Talitas. Allí se encontraron las fosas con restos de desaparecidos quemados (7 de ellos fueron víctimas de este proceso). Los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinaron durante sus estudios que fue el centro de exterminio más grande del país, por ello es llamado la “ESMA del Norte”.