Eduardo Robinson - Economista

La situación económica explica, en gran medida, los episodios sociales de los últimos días. La persistente inflación se refleja en la pérdida de poder adquisitivo del peso. Mientras tanto, el gobierno continúa negando lo evidente: el proceso inflacionario y sus consecuencias. Los asalariados comprueban que mensualmente sus ingresos resultan insuficientes en relación a los gastos y que los costos no dejan de crecer. Esta situación alienta la puja distributiva. Los sectores con mayor poder de negociación logran incrementos por encima de la inflación. Pero esto es sólo el caso del 50% del total de asalariados; la otra mitad, que se encuentra en la informalidad, no logra esos incrementos, por lo que el efecto inflacionario los afecta mucho más.

Ante este panorama, incrementos del 35%, 40% y hasta del 50% solicitado por la Policía de varias provincias, no sólo agrava las situaciones fiscales de esas jurisdicciones, sino que alimentan el proceso inflacionario, porque induce a los otros sectores estatales a imitar ese comportamiento. Se recompone el salario, pero en rigor no mejora el poder adquisitivo porque en paralelo suben los precios. Son aumentos nominales, no reales. Por eso el gobierno, se equivocó en su estrategia negadora de la inflación. Los hechos están a la vista, negar el problema sólo llevó a agravarlo. La política económica de los últimos años fue claramente inflacionaria y está llegando al límite. Los gobiernos a los efectos de disminuir las tensiones sociales, ceden ante las solicitudes de incrementos salariales, pero ahí no termina el conflicto. Como en la administración de la casa, el problema no es el nivel de gasto, sino cómo se financia y cuáles son sus consecuencias.

Las restricciones

Cuando la política económica es fuertemente expansionista, incrementando el gasto público, no se traduce en mayor productividad de la economía, porque es claro que los costos de la inflación superan a los supuestos beneficios. Cuando no se reconoce la restricción presupuestaria, el Banco Central pierde su autonomía y pasa a ser una dependencia del Poder Ejecutivo. Es inexorable la pérdida de valor de la moneda o, lo que es lo mismo, la caída de su poder de compra. Y cuando la economía pierde su moneda, pierde la principal institución macroeconómica. Por eso, preservarle valor, tal como lo prescribía la Carta Orgánica del Central antes de las modificaciones introducidas en 2012, no sólo induce a apuntalar el equilibrio macroeconómico, sino el equilibrio social. Porque induce a la inversión, que crea genuinos puestos de trabajo, mejora la competitividad, al no tener que subir permanentemente la carga fiscal de los contribuyentes y, sobre todo, mejora el horizonte para la toma de decisiones.

La realidad se hace sentir, no hay demasiado margen para dilaciones. Los gobiernos provinciales enfrentarán crecientes demandas salariales durante todo el verano.

Consecuencias

La tensión puede ceder, si se otorgan los incrementos solicitados, pero: ¿cuánto dura? Incrementos salariales en el sector público implican más impuestos, por lo tanto, menos competitividad y menos inversión en el sector privado, que se traduce en menos generación de empleo.

En esta situación, como se contrae la generación de fuentes de trabajo en el sector privado, para contener la situación social, el Estado toma empleados o multiplica los llamados planes sociales que, en definitiva, es empleo público. En esta dinámica tiende a caer la productividad del trabajo, esto es la contribución del trabajador por unidad de capital, y como el salario no refleja la productividad termina siendo inflacionario.

En estos momentos, cuando empieza la catarata de reclamos salariales, el gobierno enfrenta una disyuntiva.

Ceder implica alentar el proceso inflacionario y mantener relativamente estable el ritmo de actividad económica, sabiendo que no son soluciones sino meros parches, son acuerdos endebles en el tiempo, porque la inflación no cede.

Negarse implica contribuir a las tensiones sociales, con las consecuencias de pérdidas e inseguridad para otros sectores de la actividad económica.

saqueos

en 250 comercios

Alrededor de 250 comercios fueron saqueados en la provincia durante los días que duró el acuartelamiento policial en la provincia, según un informe de la Federación Económica de Tucumán (FET), datos incluidos en un informe general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Las entidades representativas aseguraron que las pérdidas rondaron los $ 75 millones solo en el sector comercial, debido a los incidentes.

gastos

costo salarial

El Gobierno tucumano y el personal de la Policía de Tucumán acordaron un salario de $ 8.700, aproximadamente, para el cargo inicial. El incremento total significará para el arca estatal un costo salarial de $ 288 millones hasta 2014. Si se amplía el ajuste a los haberes del resto de la padrón estatal, implicaría alrededor de

$ 2.600 millones más de gasto. El aumento incentivó al reclamo de los gremios de los empleados públicos.

Presupuesto

previsiones

El gasto público del próximo año se incrementará un 35%, respecto de lo previsto originalmente para 2013 por la gestión de José Alperovich. Ese porcentaje será mucho más amplia que la pauta inflacionaria del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) prevista para el mismo período anual, de un 10,8%. De acuerdo con el presupuesto del año que viene, el total de erogaciones del Gobierno tucumano rozará los $ 23.000 millones.