¿Con cuánto dinero se puede solucionar el conflicto policial?
En los papeles, el incremento salarial que piden los efectivos policiales (del 35%) le puede llegar a costar al Estado unos $ 25 millones mensuales (unos $ 325 millones al año). Ese es el primer cálculo efectuado en la Casa de Gobierno al conocer la pretensión de los uniformados autoconvocados. Un agente que recién se inicia cobra alrededor de $ 7.100 mensuales. El Gobierno estaría dispuesto a pagar sólo hasta $ 8.500 al mes con tal de que los azules vuelvan a las calles. Más es imposible, sostiene un vocero oficial. Son 9.100 policías que están en la planilla salarial. ¿Qué es lo que traba la negociación?
Los funcionarios afirman que no encuentran interlocutores válidos para llegar a un entendimiento, de tal modo de abortar la medida de fuerza que puso en vilo a la sociedad tucumana. "Llegamos a un acuerdo con algunos de los voceros; pero al rato nos enteramos que hay otros y así no sabemos cómo avanzar las negociaciones", remarcó uno de los negociadores del Poder Ejecutivo.
¿Qué efectos puede provocar este conflicto?
Cerrar una negociación salarial a fin de año no es el mejor de los escenarios. Si bien se trata de un sector sensible, el resto de los gremios le reclamará igual trato. De hecho, si la gestión del gobernador José Alperovich decide otorgar la suba que piden los policías, esta decisión estará cinco puntos por encima de lo acordado -el 11 de abril pasado- con algunos gremios del sector público.
¿Cuáles son los escenarios que afronta el Ejecutivo?
-Lo primero será aguantar la presión sindical. No es lo mismo negociar con policías que con agentes de la administración centralizada. Por caso, los médicos no hicieron abandono de servicio en situaciones similares y hasta fueron vapuleados, en algunos casos, por las fuerzas de seguridad cuando protestaron. Los docentes siempre esperan hasta minutos antes del inicio de las clases para negociar. El Gobierno es el primer responsable, pero también hay culpas compartidas de situaciones extremas que ponen en vilo a la sociedad.
-Es posible que Alperovich se vea tentado a aplicar la misma receta que su par bonaerense, Daniel Scioli, es decir, definir el aumento por la vía del decreto. Eso implicaría un básico de $ 8.570 mensuales. De hecho, es un camino que está en análisis en el primer piso de la Casa de Gobierno.
-Un replanteo de la política de seguridad. Ha quedado demostrado que los funcionarios no han tenido el peso suficiente como para abroquelar la tropa y reordenarla. Un materia que quedará pendiente cuando la actual crisis cese y haya una cumbre con los jefes regionales y la cúpula de la fuerza.
-No habrá ayuda financiera de la Casa Rosada. Todo reajuste salarial tendrá que hacerse con el presupuesto provincial que, para el año que viene, contempla un aumento del 29,2% en el gasto de Personal. Sólo por ese ítem, el Gobierno tucumano (y cada uno de los contribuyentes que están padeciendo momentos de tensión y de angustia) debe destinar unos $ 12.090 millones, casi el 53% del total de erogaciones anuales del sector público.
-En febrero o marzo del año que viene -sino antes-, los sindicalistas estatales le recordarán que -bajo presión- la gestión Alperovich le concedió el incremento a los policías (si en definitiva llegan pronto a un entendimiento). Un mal precedente para las próximas paritarias.