¿Cómo escondemos un árbol? En medio de un bosque. ¿Cómo escondemos un corrupto? No serán tantos como los árboles, pero sin dudas que material humano para ocultarlo no nos faltará. Y aunque en nuestro país se asocia a un corrupto con un acto relacionado con dinero mal habido, las acciones de la corrupción no se detienen en esto. ¿O fraguar actas de una investigación judicial no es también un acto de corrupción?
La causa por la desaparición de María de los Ángeles Verón está llena de corruptos. Por ellos, y nada más que por ellos, hasta ahora no se sabe qué pasó con Marita. Desde el primer momento, cuando los padres de la joven trataron de hacer la denuncia se tejió una red de corrupción que con el paso del tiempo se volvió cada vez más fuerte. Y sin dudas, aunque en realidad puede haber habido dinero en el medio, el motor de esta madeja enrevesada fue el miedo. Y pocos se salvaron. En medio del descalabro hubo civiles, miembros del Poder Judicial, de la Policía y del Gobierno que hicieron lo imposible para que la causa quede como está ahora: en la nada. Para que si había pistas fueran sepultadas. Para que, si había testimonios, fueran acallados. La corrupción se hizo carne en las decenas de cuerpos del expediente y nadie pudo contestar la pregunta madre del caso: ¿Dónde está Marita Verón?
La investigación por la muerte de Paulina Lebbos también está viciada de corrupción. Desde el primer momento. Antes incluso de que el cuerpo apareciera ya hubo maniobras corruptas para permitir que quienes estuvieran vinculados de una u otra forma al deceso de la joven estudiante de Comunicación Social se sintieran protegidos. Y debieron pasar tres fiscales para que, al menos, algunas cosas comenzaran a saberse. Y el juicio que se desarrolla desde la semana pasada contra tres ex policías es una muestra de ello. Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina no sólo admitieron que fraguaron actas y declaraciones, sino que además aseguraron que los máximos responsables de la seguridad en ese momento, el secretario Eduardo Di Lella y los comisarios Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, pretendían mover el cuerpo de Paulina antes de que se hicieran las pericias correspondientes. Barrera hoy está detenido, al igual que quien era el jefe de la Regional Norte, Rubén Brito.
Sánchez, por ejemplo, no supo explicar por qué García, a pesar de estar ya imputado en la causa, fue ascendido. Y Di Lella ayer sufrió una crisis de veracidad y confesó, a pesar de haber estado durante varios años en el cargo, que no es un experto en seguridad. ¿Para qué lo designó entonces el gobernador José Alperovich? Él, Alperovich, al menos hizo su descargo y dijo que no encubrió a nadie. Los de abajo quedaron a merced de la Justicia.
Si Alperovich a lo largo de 10 años construyó el poder que aún ostenta es, entre otras cosas, porque no suele soltarle la mano a nadie. En materia de seguridad, todos los que ocuparon cargos ejecutivos siguen trabajando en la provincia como asesores. Es decir, aunque hayan hecho mal las cosas, el calor del Gobierno los sigue calentando. Pero, y esto lo saben tanto Susana Trimarco como Alberto Lebbos, algunos funcionarios tuvieron más responsabilidad que otros en los actos de corrupción que desmadraron las causas. No debe parecer raro que en las causas que rozan el poder político (o en algunos casos le pegan de lleno) la corrupción se mueve con tanta libertad. Al fin y al cabo quienes detentan el poder son los que más fácil caen en este tipo de hechos. Por eso hay tantos corruptos. No es tan difícil esconder un árbol en Tucumán. Por algo somos el Jardín de la República.