La sociedad tucumana transcurrió estas últimas horas perpleja, alarmada e impotente, ante una ola de saqueos y tensión generalizada. Como si se tratara de un “efecto contagio” o como una “reacción en manada”, los episodios de ataques a sedes de comercios, empresas e instituciones que ocurrieron en Córdoba, el interior de Buenos Aires, Jujuy y otras provincias se instalaron en nuestra capital y otros lugares de Tucumán. Como en esos distritos y localidades, la oleada de saqueadores se produjo luego de una protesta policial, que en algunos casos, significó el abandono de la protección de las propiedades y el cuidado de los ciudadanos. Aunque en la capital y en el interior no llegó a concretarse un abandono masivo de la custodia policial de los lugares públicos, como se advirtió en otras provincias, los atacantes que ayer asolaron supermercados y sedes empresarias sacaron rápido provecho de la protesta que se inició la noche del domingo. Por boca de sus voceros, el grupo de policías provinciales “autoacuartelados” desde el domingo a la noche -¿alzados contra sus mandos ordinarios y contra las autoridades?- ha impuesto un petitorio de reivindicaciones salariales que el Gobierno provincial analizaba -apurado- pero evidentemente sorprendido, y no sin antes minimizar el cuadro de situación.
No debe dejar de advertirse sobre la necesidad de que las principales instituciones políticas y sociales impulsen un debate profundo sobre las verdaderas causales que llevaron a esta reacción popular que está cruzando casi toda la geografía del país; pero, del mismo modo, corresponde señalar que el Gobierno provincial debe encarar todas las decisiones e iniciativas legítimas y legales para devolver la seguridad y la tranquilidad a la población que, constitucionalmente e indelegablemente le corresponde.
La seguridad pública, a través de las instituciones y jerarquías que la Constitución y las leyes disponen, es una obligación indelegable del Estado nacional y los estados provinciales. Una política de seguridad comprometida con los valores de la defensa de las libertades individuales, los derechos humanos y la protección de la propiedad privada es perfectamente compatible con las necesidades de prevención del delito, la cobertura de la vida y de los bienes de todos los habitantes y, que asimismo, imponga vigilancia, respeto y de protección. Se trata de un servicio público cubierto por servidores públicos que tiene una condición extraordinaria: proteger y cuidar a la ciudadanía y a la población. Asumido que la principal función de la Policía es dar seguridad a la población, cabe preguntarse si el incumplimiento de su cometido no debe merituarse en base a la legislación, reglamento y disposiciones vigentes.
La aparición repentina de los grupos de vándalos que decidida y dramáticamente tomaron por asalto a comercios y se llevaron mercaderías y productos de todo tipo -la mayoría de ellos adolescentes y jóvenes- merece un análisis especial. Son muchachos y chicas que residen en zonas estructuralmente golpeadas por la marginalidad, la pobreza y la exclusión social. ¿Aprovecharon la oportunidad? ¿Son delincuentes dormidos o potenciales a la espera de una ocasión propicia para el saqueo? Una de las claves para entender esta explosión social pasa por admitir la ausencia de una estrategia de reinserción social sistemática de sectores sociales desclasados; un grueso problema que es generacionalmente profundo y complejo y que las políticas económicas de estos años no han logrado resolver.