CÓRDOBA.- El gobierno de Córdoba llegó ayer a la tarde a un acuerdo salarial con los policías autoacuartelados, que volvieron a patrullar las calles tras más de un día sin servicio y luego de los saqueos y robos en comercios y casas que dejaron dos personas muertas, más de un centenar de heridos y enormes destrozos.
La huelga generó el recrudecimiento de la pelea política entre la administración de Cristina Fernández y el gobernador José Manuel de la Sota, quienes cruzaron acusaciones y reclamos, y generaron el reclamo de los principales referentes de la oposición para que haya una intervención de las fuerzas federales. Finalmente, se suspendió el envío de la Gendarmería a la provincia mediterránea.
De la Sota anunció, pasado el mediodía, que se llegó a un “acuerdo” con los policías, que “rápidamente” estaban retornando a sus tareas, y aseguró que la Justicia “perseguirá a todos los delincuentes y saqueadores” que causaron desmanes desde el martes, cuando se inició el acuartelamiento.
El Gobierno nacional consideró que la huelga policial era “una cuestión salarial y que competía en forma exclusiva y excluyente a la provincia”, según afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El funcionario denunció, además, que era “muy fácil eludir los compromisos y responsabilidades y transmitírselos a otros”, al responder a los pedidos de ayuda de Córdoba para que se enviaran fuerzas federales para apaciguar los desmanes.
El gobernador, quien habló rodeado de su gabinete, afirmó que “no hubo un estallido social” en el marco del autoacuartelamiento policial, sino que “bandas de delincuentes organizados aprovecharon la ausencia” de uniformados en las calles. Además, se comprometió a impulsar un “relevamiento” de las pérdidas y comenzar con las reparaciones de los daños y robos causados.
Muertos y heridos
Los desmanes generados el martes, y que terminaron ayer, causaron la muerte de un joven de 20 años, quien recibió un balazo en el tórax durante los saqueos en el barrio Villa Ciudad Evita, y también la de un hombre de 85 años, que murió producto de una descompensación que tuvo cuando asaltantes irrumpieron en su casa.
En tanto, la cifra de heridos no estaba clara, ya que mientras el Gobierno provincial dijo que eran 60, el intendente de la capital, Ramón Mestre, afirmó que 110 personas con heridas de bala habían sido asistidos en dos hospitales. Si bien policías que prestan servicios en el interior provincial adhirieron a la medida de fuerza, los disturbios afectaron a la capital, donde decenas de negocios -entre ellos unos 50 supermercados- y hasta casas familiares fueron invadidas por personas que amenazaban a sus moradores para llevarse electrodomésticos y artículos que no son de primera necesidad. Un móvil satelital del Canal 8 fue asaltado a mano armada en vivo y en directo mientras cubría uno de los robos a negocios.
Raúl, el propietario de una farmacia, comentó al canal de noticias “C5N” que “los ladrones buscaban sólo los psicofármacos; no querían, por ejemplo, leche para la bebé, que era lo lógico que podrían haber saqueado”. (DyN)
El pacto que destrabó la crisis
UNIFORMES Y ADICIONALES, Y SIN SANCIONES
El convenio establece, además de la “inaplicabilidad de sanciones” por la medida de fuerza, y para todo el personal penitenciario y policial, un adicional y transitorio por “gasto de uniformes” a abonarse en dos cuotas de $ 2.000 con los haberes de diciembre y de enero. Con la pauta salarial que tendrá vigencia a partir de los sueldos de febrero de 2014, se fijará un salario básico de $ 8.000 para las categorías iniciales (agentes y subayudantes), realizando los incrementos sobre componentes remunerativos. A partir de noviembre de 2013, habrá siete turnos mensuales de adicionales de seguridad ciudadana para todo el personal que realiza tareas operativas de calle. Además, establece el aumento de los servicios adicionales en forma proporcional al salario, y la diferenciación de fines de semana y feriado de días normales.
Festejos por el acuerdo.- Los policías cordobeses que se mantenían autocuartelados en reclamo de mejoras salariales tras festejar el acuerdo que lograron firmar con el Gobierno provincial, volvieron ayer al mediodía a patrullar las calles y brindar seguridad, tras los saqueos que se registraron en esa ciudad. Los agentes y suboficiales de la Policía que realizaban la protesta se abrazaron y gritaron tras el anuncio del gobernador de que se había llegado a un acuerdo para destrabar el conflicto. Luego de los festejos, comenzaron a retomar sus servicios en patrulleros y motocicletas, mientras que las esposas y familiares de los policías los saludaban.
Demora nacional.- El ex gobernador y diputado electo por Unión por Córdoba Juan Schiaretti lamentó la demora del envío de gendarmes a la provincia por parte del gobierno nacional, en medio de saqueos y robos. Habló sobre la “necesidad” de un trabajo conjunto “frente a situaciones graves como esta. La presencia de la fuerza nacional siempre disuade y le da tranquilidad a la gente”, sostuvo.
Solidaridad de los obispos de la CEA.- Los obispos reunidos en Buenos Aires en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se solidarizaron con el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez y pidieron “serenidad y cordura” ante los hechos ocurridos en esa provincia. “Rogamos al Señor para que regale serenidad y cordura en este tiempo de Adviento, y que María Santísima, Reina de la paz, proteja a todos los cordobeses”, señaló el escrito enviado por los prelados.
De la Sota “vive de vacaciones”.- El senador nacional del Frente Cívico, Luis Juez, apuntó que el gobernador cordobés: “estaba de vacaciones en Panamá y lo tuvimos que traer a los empujones para que venga a resolver un conflicto que hace meses sabíamos que iba a suceder. De la Sota vive de vacaciones, estuvo 20 días en China y los cordobeses no sabemos para qué fue y ahora a Panamá y que se iba a Colombia”, agregó Juez. Expresó que “los cordobeses vivieron la peor noche de su vida” y que fue a la casa de Gobierno de la provincia a “a pedirle al gobernador que asuma su responsabilidad”.
Es un “irresponsable.- El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, calificó de “mezquina” e “irresponsable” la actitud del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, ya que “intentó poner la responsabilidad en el gobierno nacional en un conflicto en el que quedó claro que era de estricto carácter provincial”. De la Sota “especuló política y mediáticamente de manera lamentable, intentó victimizarse en vez de hacerse cargo del conflicto, que se hubiera resuelto sin mayores consecuencias si hubiera estado en el país en lugar de haber estado en Panamá”, resaltó.
Era “previsible”.- El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que el conflicto en Córdoba “era previsible y prevenible”. ¿Creo que no hubo una prevención adecuada. Agregó que el gobierno cordobés debe “asumir responsabilidades pero esperamos que este principio de acuerdo ayude a restablecer la situación”, dijo antes del arreglo.
ANALISIS
El paraguas de Alperovich
Alvaro Aurane - Redacción LA GACETA
Los saqueos que arrasaron Córdoba, ¿pueden darse aquí?
Si los robos en la provincia del anti-K José Manuel de la Sota son vistos como la suma de una huelga policial (parar fue gravísimo) más peleas políticas, la respuesta del kirchnerista José Alperovich parecer ser “no”: Vamos a poner a toda la Policía a trabajar en las Fiestas para proteger los comercios. O sea, el gobernador tucumano dice que la fuerza pública le responde.
Pero sin reduccionismos políticos, el asunto es otro. El vandalismo luce irracional, pero su violencia subjetiva, de sujetos, es emergente de una violencia objetiva: la naturalizada por el sistema político-económico, por el cual conviven riquezas alarmantes con pobrezas oprobiosas. Y nadie se hace cargo. La mayoría prefiere no verlo. Por eso, cuando la marginalidad aflora, escandaliza y hasta sorprende.
Los saqueos son despojos delictivos e injustificables. ¿Y la miseria?
Entonces, ¿puede pasar en Tucumán lo que ocurrió en Córdoba? Ante la pregunta del millón de angustias, la respuesta de Alperovich consistió en abrir el paraguas...