La plaza Independencia se había llenado de tucumanos indignados con el fallo absolutorio del caso Verón. Era diciembre de 2012 y el gobernador José Alperovich sintió cómo la provincia era asociada a la impunidad. Le costó reaccionar. La respuesta fue tenderle la mano a Susana Trimarco y hacer lo que ella le pidiera. Casi un año después volvió a tener la misma sensación con la detención de dos de ex sus funcionarios policiales, esta vez en un caso que golpea directamente en el corazón del poder que supo construir a lo largo de 10 años.

La absolución de los acusados de secuestrar a "Marita" tuvo una consecuencia inesperada: el expediente con la investigación del crimen de Paulina Lebbos fue desempolvado. La mirada de los medios nacionales se habían posado en Tucumán y en Trimarco, y la presidenta usó el caso como bandera de su "democratización" de la Justicia. Pero cuando ampliaron la mirada, vieron a Alberto Lebbos sosteniendo el cartel pidiendo justicia por su hija Paulina. Lebbos encabeza todos los martes las marchas contra la impunidad, no siempre acompañado por todos los tucumanos. En una ocasión fueron sólo dos los que dieron la vuelta a la plaza. Lebbos y una militante del Partido Obrero se abrazaron y lloraron esa lluviosa noche.

En febrero de este año la plaza volvió a estar llena. La mayoría de los partidos opositores acompañaron al padre de Paulina al cumplirse siete años del crimen. Habían encontrado el caso para golpear al poder, ante el acercamiento de Trimarco al kirchnerismo. Lebbos los recibió con los brazos abiertos y les presentó los distintos casos de la comisión de familiares de víctimas de la impunidad. Menos de un mes después, volvieron a ser medio centenar las personas que marchaban los martes.

Mientras el gobierno hacía gala del hasta hoy fallido juicio político contra los jueces del caso Verón, el fiscal Carlos Albaca emitía un informe en el que aseguraba que las nuevas tecnologías podrían permitir un avance en la investigación del crimen de Paulina. Lo cierto es que esas "tecnologías" ya existían en 2006, y fueron las que le permitieron al fiscal Diego López Ávila, que se hizo cargo de la causa en junio, identificar a dos sospechosos de haber participado en el homicidio. Sólo hubo que citar a los policías y a los empleados de Vialidad provincial que estuvieron en la ruta 341 cuando fue hallado el cuerpo, para tener pruebas contra dos ex jefes policiales acusados de encubrimiento.

En julio, cuando Lebbos dijo que había testigos que señalaban a un hijo del gobernador y a un hijo de su secretario privado Alberto Kaleñuk como los responsables de la muerte de Paulina, Alperovich recibió el golpe más fuerte. Esa tarde, en el living de su casa, su hijo Gabriel le habría recriminado a los gritos a sus padres que por culpa de la política estaba en boca de todos. En silencio lo habrían escuchado Alperovich, Beatriz Rojkés y el abogado José Ferrari. Unos días más tarde, Gabriel habría participado de una reunión con dirigentes cercanos a su hermana Sarita, para planificar una estrategia en redes sociales para contrarrestar la acusación. Finalmente habrían optado por esperar.

La semana pasada Alperovich nuevamente no supo cómo reaccionar. Casualmente, el día en que se produjeron las detenciones el gobernador tuvo un viaje de último momento a Buenos Aires. Cuando regresó, atinó a decir que los que hubieran "metido la pata" deberían ser investigados. Entre el jueves y ayer, los rumores de supuestas nuevas detenciones de ex funcionarios salían de la propia Casa de Gobierno, donde aseguraban que era inminente la detención de uno de los "hijos del poder". Lo real es que esas órdenes de la Justicia no existieron. Aún.