La detención de Maximiliano Gallardo y Luis Gómez pudo lograrse mediante la identificación de los chips que colocaron en el teléfono celular de Paulina Lebbos dos días posteriores a su desaparición. Por eso, la regularización de la venta libre de chips es una materia pendiente y preocupa al Gobierno.
La semana pasada ingresó a la Legislatura un proyecto de ley referido a esa temática, elaborado por el Ministerio de Seguridad Ciudadana. "El objetivo es que no se pueda vender chips de forma libre, sino que sólo se los pueda adquirir con la presentación del DNI, sin excepción", explicó a LA GACETA el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer. El proyecto -agregó el funcionario- también prevé severas sanciones para los comercios que no se ajusten a esa exigencia. "Al comercio que le venda un chip a un cliente que no esté identificado se le aplicará una sanción y, en el hipotético caso de que desde un teléfono que haya sido vendido en esas condiciones se genere algún tipo de delito, hasta podríamos llegar a la imputación del delito de encubrimiento o de participación en carácter secundario", advirtió Hofer.
De prosperar este proyecto de ley, se evitarían varios delitos, según indicó el secretario de Seguridad Ciudadana. "Queremos terminar con las llamadas falsas al 911 y a los bomberos, los secuestros virtuales, las extorsiones, las amenazas o el uso de teléfonos celulares para la organización de robos en banda", remarcó Hofer. Y concluyó: "vamos a ajustar la tuerca de todo lo que hace a los canales de comercialización del delito y a los canales que van ayudando a que estos hechos se puedan cometer".
Hasta el viernes no se había fijado una fecha para el tratamiento de esta iniciativa.