Habían pasado seis horas desde que Virginia Mercado se bajó del remise que compartió con Paulina Lebbos, cuando desde el número de teléfono de la víctima se realizó una consulta de saldo. Ese llamado fue tomado por una antena ubicada en la zona sur de la ciudad. Eran las 10.20 del domingo 26 de febrero de 2006.
Pasaron más de siete años para que se conociera que 40 minutos más tarde, alrededor de las 11, la misma antena receptó otro llamado realizado desde el mismo aparato, con la diferencia de que el número celular era otro. Es decir, habían puesto otro chip en el teléfono que pertenecía a Paulina.
El dato fue descubierto luego de que el fiscal de Instrucción de la IV° Nominación, Diego López Ávila, solicitara un informe de tráfico de IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil). Así, supo que en el aparato que utilizaba Paulina, habían puesto un chip cuya línea estaba a nombre de Antonio Maximiliano Gallardo.
Chapa patente
El ingeniero en telecomunicaciones, Mario Fernández, explicó que el IMEI es un número único que tiene cada aparato de telefonía celular. "Es como la chapa patente de un vehículo. Si le prestas tu auto a otra persona, el número de patente sigue siendo tuyo", explicó el especialista.
"Cuando prendes el teléfono se registra en la red celular tanto el número de chip como el de IMEI. Por eso, las operadoras de telefonía celular tienen registro de ese teléfono y pueden saber con qué chip está asociado", describió Fernández. El ingeniero agregó que las compañías de telefonía móvil registran en una base de datos esa información. "Cada operadora tiene su tiempo de almacenamiento", dijo.
Cada vez que un teléfono es encendido, envía a la antena más cercana el número de chip y de IMEI. "Por eso debería ser fácil de detectar", opinó Fernández.
Por dos días
Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006, luego de haber salido de bailar de un boliche de El Abasto. Tomó un remise con Mercado (quien se bajó en La Rioja al 400) y continuó viaje, supuestamente a la casa de su novio, César Soto. Su cuerpo fue encontrado a la vera de la ruta 341, en Tapia, el 11 de marzo de ese año.
En el informe que recibió López Ávila consta que el aparato de teléfono de la víctima fue utilizado hasta el 28 de febrero, confiaron fuentes judiciales. Desde entonces no registra actividad.
El martes, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por orden del juez de Instrucción Francisco Pisa, detuvo a Gallardo. Según las fuentes consultadas, cuando el acusado, de 34 años, declaró ante López Ávila, no pudo precisar qué actividad realizó en los días en que se produjo el crimen.
Durante los dos días en que fue utilizado el aparato celular de Paulina, le pusieron otro chip, que fue tomado por la misma antena ubicada al sur de la ciudad. Esa línea estaba a nombre de una persona inexistente.
La declaración de Gallardo fue suspendida por pedido de los nuevos abogados del acusado (Roberto Flores y Juan Carlos López Casacci). Entonces, el fiscal decidió citar como testigos a los dueños de las líneas que se comunicaron con el número del sospechoso. López Ávila descubrió que desde un número fijo llamaron al teléfono de Gallardo y al del otro chip usado en el aparato que era de Paulina. Una de las mujeres testigo le dijo que esa otra línea la utilizaba Luis Gómez.
Ese hombre, que también era uno de los testigos que estaba declarando el miércoles a la tarde, fue detenido. Asistido por la abogada Julieta Jorrat, el acusado se abstuvo de declarar, luego de escuchar la imputación que le realizó el fiscal.
Los números de teléfono con los que se habrían comunicado Gallardo y Gómez entre el 26 y el 28 de febrero de 2006 no trascendieron aún. López Ávila y el equipo designado para esta investigación (integrado por Constanza Vázquez, Guillermo Taylor y Mariana Stein) decidieron descansar este fin de semana, y el lunes avanzarían sobre las conclusiones de esos entrecruzamientos de llamados.
Comunicados
El viernes a la mañana, López Ávila dispuso el fin de la incomunicación que pesaba sobre Gallardo, quien pudo ser visitado por sus familiares. Los otros tres detenidos (Gómez, el ex subjefe de Policía Nicolás Barrera y el ex jefe de la Regional Norte, Héctor Brito), también están alojados en la alcaidía de los tribunales penales, bajo custodia de la PSA.
Los dos últimos están acusados de haber encubierto el crimen de Paulina, por las presuntas órdenes que habrían dado para alterar la escena del hallazgo del cuerpo, según la acusación del fiscal.