BUENOS AIRES.- Los argentinos enfrentan hoy la presión fiscal global -nacional, provincial y municipal- más alta de la historia, lo que no sólo ahoga a las fuerzas productivas, sino que resulta un impedimento para nuevas inversiones y una invitación a la actividad informal. En esas circunstancias, los niveles de gobierno se lanzan a subir aún más esa presión con nuevos impuestos y gravámenes de cualquier variedad.
Y esto no consecuencia de un aumento de la evasión tributaria, dado que los niveles de recaudación alcanzan topes inéditos. De hecho, se calcula que la recaudación tributaria superará el billón de pesos. Sí, más de $ 1 millón de millones embolsará sólo el erario nacional durante 2014.
La voracidad fiscal responde pura y exclusivamente al aumento desmedido del gasto público improductivo, que año tras año pone en rojo el saldo de las cuentas públicas. La administración Kirchner y sus aliados provinciales y municipales alimentan el gasto sólo para maquillar una situación de pobreza desesperante y sin ofrecer como contrapartida servicios sociales acordes con los niveles de gasto. Salud, educación, seguridad, justicia, defensa y empleo son asignaturas pendientes de un modelo que ha asumido funciones económicas -transporte, producción de hidrocarburos-, y no ha asegurado sus funciones básicas.
El Estado adquirió el tamaño de un dinosaurio y se ha tornado inmanejable. Gran parte de las erogaciones se van en planes asistenciales, ayudas sociales, subsidios al consumo de servicios públicos y coberturas alimenticias, tal como lo demuestra la Asignación Universal por Hijo.
¿Cómo es posible que luego de años de crecimiento a tasas chinas todavía existan unos 3 millones de niños que necesitan ayuda alimentaria, en un país que produce cientos de millones de toneladas de proteínas? Ello refleja que la distribución del ingreso es absolutamente desigual y que el modelo produjo más pobres que ricos, al contrario de lo pregonado el Ejecutivo.
El monstruo estatal virtualmente se ha comido la brecha generada por la megadevaluación de 2002 y las fuentes de energía, dejando sólo inflación y pobreza a su paso, el kirchnerismo arremete con más impuestos. Esto va a complicar aun más la precaria situación laboral, al margen de las dudosas estadísticas oficiales que no reflejan la realidad. Según el Indec, la población económicamente activa (PEA) ronda las 18 millones de personas. De ese total, un 6,8% (1.225.000 personas) está desempleadas y un 8,7% (1.566.000) está subempleada, hace changas, lo que totalizan 2.791.000 personas que no tienen trabajo.
La encuesta oficial no contabiliza como desempleados a aquellos que no tienen un trabajo y que reciben planes asistenciales, que según cifras extraoficiales rondan unas 3 millones de personas. El Indec tampoco toma a los que trabajan en "negro", que según datos del Ministerio de Trabajo llegan a unas 3.700.000 personas. Estos números ponen de manifiesto que casi 9.500.000 personas, más del 50% de la PEA, tienen dificultades de inserción laboral.
Más presión fiscal, menos inversiones, menos trabajo y más inflación. Ahora se le suma una crisis energética como telón de fondo, lo cual hace todo más difícil.