BUENOS AIRES.- El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime se negó a declarar ayer ante la Justicia en la causa penal sobre su presunto enriquecimiento ilícito durante los seis años en que se desempeñó como funcionario (2003-2009) de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, revelaron hoy fuentes judiciales.
Ya pasados cuatro años de la imputación en su contra, el ex funcionario llegó ayer a la mañana a defenderse en el Juzgado Federal 7 y allí, ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo, tomó conocimiento personal de la imputación que existe en su contra, a raíz de su crecimiento patrimonial y el de su familia.
Una vez cumplido ese paso procesal le tocaba declarar en la audiencia y responder a las preguntas, pero Jaime, asesorado por su abogado defensor, Andrés Marutian, dijo que no lo haría porque tiene interpuesta una recusación contra Casanello, por supuesta falta de imparcialidad, y la Sala I de la Cámara Federal aún no se ha expedido.
El pasado jueves 21 hubo una audiencia en la Sala I para abordar ese recurso, a la cual asistió el abogado Marutian, y hasta hoy los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero no se habían pronunciado al respecto, aunque el Código Procesal les da un plazo de 48 horas para resolver.
Jaime está bajo la mira de la Justicia porque sospecha que posee un patrimonio estimado en alrededor de $ 12 millones, más suntuosos bienes e inmuebles, tales como un avión Lear Jet, valuado en U$S 4 millones; un yate de U$S 1,4 millón; ocho casas y departamentos, en las provincias de Córdoba y Santa Cruz, y una posada en las playas de Brasil.
Los investigadores creen que Jaime presuntamente habría puesto varios de esos bienes y propiedades a nombre de los familiares y allegados, por lo cual el juez Casanello ha citado también a declaración indagatoria a las tres hijas del ex secretario, a su hermano, a su ex mujer, a dos de sus allegados, y a empresarios y abogados que habrían actuado como supuestos testaferros del ex funcionario.
Condena en Córdoba
Además de esta causa, Jaime ya tiene una condena, en suspensión, en tribunales de Córdoba, a seis meses de prisión por intentar sustraer unas tarjetas personales en las que figuraba como director de la empresa "Cerro Motos", durante un allanamiento en su casa.
Según creen los investigadores, "Cerro Motos", supuestamente, pertenecería a Sebastián de Vido, hijo menor del ministro de Planificación Julio de Vido. Jaime también se encuentra procesado e irá a juicio oral, acusado de recibir dádivas de empresarios del transporte a los que él debía controlar -se habla de pago de alquileres de un departamento y de viajes- y por la tragedia ferroviaria de Once, que en 2012 provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos.
Por peculado
También solicitó que se lo interrogara por peculado, a raíz del uso de dos autos oficiales (pertenecientes a Obras Públicas) para fines personales, y en ese delito también involucró a Claudio Uberti. Este, entonces, se desempeñaba como titular del OCCOVI (Organo de Control de Concesiones Viales), y es quien fue investigado por el caso de la valija con U$S 800.000 que intentó ingresar al país el venezolano Guido Antonini Wilson. (DyN-Télam)