LA PAZ.- América Latina sigue siendo una de las regiones del planeta donde más agresiones impunes se registran contra la libertad de expresión, traducidas sobre todo en ataques, asesinatos y persecuciones políticas a los periodistas.
Ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Impunidad, convocado por la organización mundial IFEX (siglas en inglés de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión), en el cual se reclamó a los Gobiernos de la región "sistemas judiciales sólidos y capaces de dictar sanciones ejemplares a los victimarios", ante un panorama desolador por la falta de avances en distintas causas penales.
Como ejemplo, se señalaron que de las 143 investigaciones realizadas en México desde 2006 por agresiones a la prensa, sólo una llegó a condena. Durante 2012, siete periodistas fueron asesinados en Brasil; mientras que cuatro fueron ultimados en este año en Guatemala y dos en Perú.
"Las agresiones contra la prensa no sólo cuestionan la vigencia de una democracia. También tiene rostros y vidas que se ven afectadas de manera sensible. Son necesarias nuevas y más justas atmósferas para la reconstrucción de las libertades informativas, débiles aún (en distintas y variadas gradaciones) en nuestro continente, que atraviesa por un momento crucial del debate para garantizar la libertad de expresión", se planteó en el informe 2013 sobre la región.
El documento (disponible en ifex.org/alc/es) fue elaborado por 19 organizaciones que integran IFEX-América Latina y el Caribe. De nuestro país participaron el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación por los Derechos Civiles.
En las conclusiones se afirmó que "coexisten situaciones de riesgo extremo derivadas del crimen organizado y de la debilidad institucional en varios países; se cursan procesos legislativos, algunos muy controversiales, que rodean a la libertad de prensa; persisten las persecuciones provenientes de funcionarios públicos que intimidan periodistas a través de exageradas denuncias por difamación; y continúan las dificultades de sectores históricamente vulnerados, como los pueblos indígenas, para participar libremente de la deliberación pública sobre asuntos de interés común". (Especial)