La aparición de recibos por gastos operativos durante la Convención Constituyente (CC) de 2006, que habilitó la reelección para cargos ejecutivos y parlamentarios en la provincia, generó revuelo entre quienes elaboraron ese texto. Ayer, el ex representante en ese cuerpo de Participación Cívica, Carlos Courel, acudió a LA GACETA con una carpeta que contenía, según dijo, la documentación que respaldaba todos los gastos que había realizado como jefe de esa bancada: unos $ 84.000. El ex dirigente mostró fotocopias de papeles rubricados por los asesores que contrató ese bloque, y aseveró que pese a estas erogaciones operativas, su labor en la CC fue ad honórem, como lo señalaba la ley 7.469/04. "Están las firmas de las personas (que colaboraron) y el nombre del convencional con el cual trabajaba. Así era en todos los casos, en lo que se refiere al bloque que yo presidía", indicó el ex dirigente de la Unión Cívica Radical.
En 2006, por impulso del alperovichismo, se convocó a una reforma de la Carta Magna provincial. Participaron 40 convencionales constituyentes; 32 de ellos pertenecían a la bancada del oficialismo.
Participación Cívica, en tanto, estaba entre los aliados al alperovichismo, y en ese bloque además de Courel estaban Osvaldo Morelli (hoy responde al Poder Ejecutivo y es intendente de Concepción), Roberto Martínez Zavalía y Cecilia Serra.
Ley 7.469/04, que estableció los límites de la reforma, indicaba que la labor de los convencionales era ad honórem; estos podían, sin embargo, realizar erogaciones operativas. Al finalizar la tarea de la CC, en junio de 2006, la oposición se retiró del recinto, en medio de un escándalo, y el cuerpo aprobó todas las resoluciones internas de la Presidencia, a cargo de Juan Manzur. Entre ellas estaba la administración de recursos que proveyó el PE para el funcionamiento de la Convención. Según el decreto N° 1.039 (MGyJ) de abril de 2007 (expediente 811/110-C-2.006), el gobernador, José Alperovich, convalidó esos gastos, que sumaban un total de $ 1,8 millón. Hace una semana, tomaron estado público recibos rubricados por ex constituyentes. La polémica estaba en que algunos sectores, como el Partido Obrero (PO), aseguraban haber recibido $ 5.000 para esos gastos. En tanto que Courel había rubricado comprobantes por $ 84.000. Esto fue ratificado ayer por el ex dirigente, quien aclaró que tiene documentación que respalda cada suma distribuida para a sus pares para su labor. "No fuimos a la Convención Constituyente a perder el tiempo", añadió Courel. En ese sentido, mostró una versión desechada de la Carta Magna que había preparado su bancada. De todas formas, se abstuvo de polemizar respecto a las sumas otorgadas a cada espacio y otros asuntos. Por los gastos de la CC de 2006, el peronista disidente Enrique Romero realizó una denuncia penal, que está en manos de la fiscal María de las Mercedes Carrizo.