La historia se repite una vez más. Los concejales del oficialismo (alperovichistas y amayistas por igual) aprobarán en la sesión de mañana otra excepción a la ordenanza Nº 4.345, sancionada en diciembre de 2010, que establece una estricta prohibición a sanatorios y establecimientos educativos céntricos para que puedan realizar ampliaciones edilicias. Como ocurrió ya en reiteradas oportunidades, el oficialismo avalará mediante ordenanza un conjunto de obras que ya puso en marcha el Sanatorio 9 de Julio, situado en calle 25 de mayo al 300.

No es la primera vez que el Concejo Deliberante de la capital se aparta de una norma que fue creada en consonancia con lo que establece el Código de Planeamiento Urbano (CPU), norma vigente desde 1998.

A fines de 2011, el Concejo avaló reformas en el Centro Privado de Cardiología, y en abril de este año dio vía libre a la ejecución de obras de ampliación en la Clínica Mayo. Los dos emprendimientos generaron polémica porque, justamente, llegaron al recinto de sesiones con el hecho consumado: los trabajos ya habían comenzado.

¿Por qué ofusca sobremanera a los concejales de la oposición la reiterada concesión de excepciones? Precisamente porque en diciembre de 2010, fue el propio intendente, Domingo Amaya, el que propició la sanción de la ordenanza Nº 4.345 que, en su artículo 3º, prohibe las ampliaciones de superficie edificable "en los establecimientos de salud existentes en el área central, comprendidas por las avenidas Sarmiento, Roca, Avellaneda-Sáenz Peña y Mitre-Alem".

En tanto, la ordenanza Nº 2.648/98 de creación del CPU tiene por finalidad -según reza textualmente- regular la urbanización, la ocupación de los espacios, los usos, el fraccionamiento del suelo urbano, la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos y paisajísticos y todo otro aspecto que tenga relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la ciudad.

Ayer, la comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante que preside el amayista Oscar Cano dictaminó favorablemente para que la iniciativa -ingresó al cuerpo con el guiño de la Casa de Gobierno- sea incluida en el orden del día de mañana. No obstante, el proyecto de ordenanza deberá contar con el visto bueno de la comisión de Planeamiento.

En la reunión parlamentaria de ayer, Roberto Ávila (PRO), el único concejal opositor que integra la comisión de Obras Públicas firmó un dictamen por la minoría y rechazó el pedido del Sanatorio 9 de Julio. Al ser consultado por LA GACETA, el macrista cuestionó que el oficialismo eluda, nuevamente, el cumplimiento del Código de Planeamiento Urbano y la ordenanza Nº 4.345. "Me opuse porque es inadmisible que se pretenda aprobar una nueva excepción a la ordenanza Nº 4.345 y, más aún, cuando la empresa que lo pide ya realizó gran parte de las obras. Otra vez se pretende avanzar con el hecho consumado. Propongo, entonces, que directamente se deroguen todas las ordenanzas que contemplan prohibiciones al Código de Planeamiento para que todo el mundo construya y obre como más lo desee", ironizó Ávila.

El opositor criticó también no haber podido acceder a una copia del expediente. "Pude ver a vuelo de pájaro que el Sanatorio 9 de Julio solicita un pedido de excepción para ampliar, construir nuevos consultorios e instalar nuevas cocheras, obviamente en contra de la ordenanza vigente. Esto sumará mucho más caos al tránsito vehicular de la zona", planteó Ávila. "Creo que ni las Torres Gemelas demandaron tanta ejecución de obras", chicaneó el macrista.

Por su parte, Sandra Manzone (Coalición Cívica-ARI) también cuestionó que sus pares del oficialismo avalen una excepción sobre trabajos que ya fueron realizados por la clínica. "¿Qué pasaría si el Concejo Deliberante rechaza esas obras ya ejecutadas? ¿Acaso el sanatorio procedería a la demolición de las obras? Otra vez el cuerpo vuelve a pretender avalar obras ya realizadas, violando el Código de Planeamiento Urbano", renegó la referente de Elisa Carrió en Tucumán. "Amaya se contradice porque, por un lado, promueve la creación de la Comisión del Bicentenario y, por otro, avala excepciones a las normas. Ya es una costumbre que se busque prevalecer derechos de particulares por sobre los colectivos. Los oficialistas son urbanicidas, porque de manera permanente cometen vejaciones al Código Urbano", fustigó.

El bussista Claudio Viña consideró que "sería mejor" derogar o modificar la ordenanza 4.345. "Es preferible eso antes que andar otorgando excepción tras excepción. Digo esto porque en todas las sesiones nos encontramos con la necesidad de aprobar, o no, mejoras o adecuaciones a establecimientos de salud o a colegios", opinó el referente de Fuerza Republicana (FR). "Antes de impedir mejoras en un sanatorio habría que solucionar el tema de los ambulantes y del estacionamiento en el microcentro", planteó Viña.