Lorena Nuñez, dirigente radical que ocupó el sexto lugar en la lista de candidatos legislativos por capital del Acuerdo Cívico y Social en 2011, logró un nuevo respaldo en su pretensión de suceder a Silvia Elías de Pérez en la banca. El defensor del Pueblo, Hugo Cabral, dictaminó que para respetar el cupo femenino, ese escaño debe continuar en manos de una mujer.

"Ocurrida la vacancia, corresponde que dicha banca sea ocupada por una mujer", concluyó el ombudsman, y giró el expediente a la Junta Electoral Provincial (JEP).

La polémica en el radicalismo se inició tras las elecciones de diputados nacionales del 27 de octubre. El frente que lideró la UCR obtuvo dos bancas en la Cámara Baja: la del senador José Cano y la de la legisladora Elías de Pérez. En consecuencia, se abrió en el partido una disputa por el escaño que quedaría libre en la Cámara tucumana.

En 2011, Elías de Pérez secundó en la lista del ACyS a Federico Romano Norri en la sección Capital, y ambos resultaron electos. L nómina se completó con Fernando Valdez, José Hugo Saab, Esteban Ávila y Lorena Núñez, entre otros.

La posibilidad que baraja el canismo es que la actual legisladora ocupe el lugar de Cano (asumiría en Diputados) en la Cámara Alta. Esto permitiría que Juan Casañas, quien debe entregar este año su banca como diputado, pueda continuar durante otros cuatro años en el Congreso.

En caso de liberarse la banca local de Elías de Pérez, en el canismo consideran que debería asumir Fernando Valdez, hoy miembro del directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), en representación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Valdez integra La Pisarello, cuyo referente es el diputado nacional Luis Sacca. Valdez aún no fijó posición, y el temor en la UCR es que desista de ingresar a la Legislatura: en ese caso, podría jurar Saab, hoy funcionario alperovichista en Yerba Buena.

Sin embargo, Lorena Núñez insiste en que ese escaño, por la Ley de Cupo Femenino, le corresponde. Ya obtuvo un pronunciamiento en su favor del Consejo Nacional de las Mujeres, un organismo gubernamental dependiente de la Presidencia. Ahora, consiguió un dictamen del defensor del Pueblo. Cabral consideró que la legislación local no es muy clara al respecto, y que debe interpretarse en consecuencia en un contexto que incluye a las normas nacionales.

"Todo el énfasis puesto en garantizar el acceso de la mujer a las listas de candidatos resultaría letra muerta si no se garantizara, también, el mantenimiento de la proporción en la participación obtenida por la mujer en los estamentos legislativos; es decir, en el real y efectivo ejercicio de la función pública", planteó el ombudsman. "Todo integrante de una lista de candidatos sabe o debe saber que nuestro derecho electoral está atravesado por las exigencias de respeto al cupo femenino", cerró.