A pesar de que fue absuelta en diciembre del año pasado por el secuestro de Marita Verón, el caso aún persigue a Daniela Natalia Milhein, quien deberá declarar hoy al mediodía, acusada de integrar una banda liderada por su ex pareja Rubén "La Chancha" Ale, dedicada al lavado de dinero proveniente de la trata de personas con fines de explotación sexual.

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) utilizó los fundamentos de la sentencia que dictó la sala II de la Cámara Penal (integrada por Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano), en la que consideraron que Milhein integraba una red de captación de víctimas de trata de personas.

Durante los allanamientos realizados en marzo, en la sede de la remisería "Cinco Estrellas" encontraron dos cartas que habrían sido escritas por Fátima M., una mujer que denunció a Milhein de haberla secuestrado. Dentro de ese cautiverio, la joven afirmó haber visto a Marita.

Durante el debate oral del caso Verón, Milhein había contado que Rubén Ale la había iniciado en la prostitución, y que la había amenazado cada vez que quiso abandonar el prostíbulo.

El supuesto testaferro
A media mañana deberá declarar Fabián Antonio González, supuesto prestanombre de "La Chancha". El hombre quedó involucrado luego de que en la casa de Rubén Ale se encontrara documentación de sus presuntos bienes, como una casa en "El Cadillal" que según una carta de María Jesús Rivero, sería en realidad del ex presidente de San Martín.

Precisamente, durante la gestión de "La Chancha" al frente de club, González fue el tesorero de la comisión directiva. El acusado figura como empleado público de la Provincia desde 2009 con un sueldo mensual de $ 2.200.

González, según la acusación de la UIF, posee dos rodados, y en le 2010 vendió un camión a la actual pareja de "La Chancha". En 2010, creó junto a su esposa Julia Piccone la sociedad "Transportadora Leonel". La mujer declaró la semana pasada ante el juez Federal Fernando Poviña y dijo que la empresa había sido montada luego de cobrar una herencia, y que todos los vehículos habían sido adquiridos a través de créditos prendarios.

Sin embargo, el titular de la UIF, José Sbatella, cree que las operaciones que se realizaron a través de esa empresa de transporte de cargas, serían acciones típicas de lavado de activos, según consta en la acusación.