MADRID.- La ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, firmó ya su testamento, tras décadas de pleitos por su herencia y la de su marido, el fallecido general Juan Domingo Perón, informó hoy el diario español "ABC". 

Isabelita donará el 90% de su patrimonio a asociaciones benéficas. El resto será para sus sobrinas y también dará una cantidad "testimonial" a sus empleados, según contó al diario un amigo de la viuda de Perón que la conoce desde hace 22 años. 

La ex presidenta, de 82 años, reside en España desde hace décadas. En la capital española se casó con Perón en 1961, un año después de que el general llegara a España tras un exilio en varios países latinoamericanos. 

Isabelita asumió el poder en 1974, dos días después de la muerte de su marido. Fue derrocada por el golpe de Estado del 26 de marzo de 1976. 

Según el amigo de Isabelita, la cuenta en Suiza con U$S 5 millones en la que al general se le depositaron los atrasos como presidente que no precibió durante su exilio fue vaciada por un abogado al que ella encomendó la representación de sus intereses mientras estuvo encarcelada en Argentina entre 1976 y 1981. 

La ex presidenta contrató de hecho a un investigador privado para saber si había alguna cuenta a nombre de su marido en los bancos suizos y este "no obtuvo ningún resultado". 

También la familia de Eva Duarte, la segunda esposa de Perón, reclamó parte de la herencia del general, a pesar de que Evita había cedido en su día todos los derechos sobre ella a su marido y, a la muerte de ésta, los heredó Isabelita, contó su amigo. 

"Para pagarles la reclamación, al poco de llegar a España -después de la dictadura- tuvo que vender su espléndida casa en Puerta del Hierro, que en aquella época era la urbanización más cara de Madrid y era donde había vivido con el general", indicó. 

La ex presidenta argentina vive en Madrid cómodamente gracias a una indemnización cuantiosa que logró del Estado argentino cuando, afianzada la democracia en el país latinoamericano, lo demandó por la expropiación que sufrió durante el golpe militar y su paso posterior por la cárcel. La Justicia española rechazó en 2008 extraditarla a su país, donde se la reclamaba por su presunta relación con crímenes cometidos durante su mandato por la Alianza Anticomunista Argentina, la organización de extrema derecha conocida como la Triple A. (DPA)