Las presuntas irregularidades detectadas en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) abrieron una interna en la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia (SEOP). El jueves, el titular de la SEOP, Oscar Mirkin, había asegurado que desconocía los manejos que se le cuestionan en Tribunales al ex director de la DAU, Miguel Brito. Pero el desplazado ex funcionario no se quedó callado, y le pidió a su ex jefe -la DAU depende de la SEOP- que no mire a un costado.

"Por ser mi superior inmediato, Mirkin fue un testigo calificado de todo lo que hice en la DAU", retrucó Brito.

El ex concejal por Fuerza Republicana renunció en agosto del año pasado al frente de la DAU, luego de que el Tribunal de Cuentas frenara un proyecto para restaurar la fachada de la Casa de Gobierno por presuntos sobreprecios. El ex titular de la DAU señaló en ese entonces como responsable de esos trabajos a Roberto Bianchi, ex subdirector de la repartición, quien se jubiló poco después del escándalo. Luego, la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) denunció su gestión en la Justicia. En ese marco, el Tribunal de Cuentas (TC) dispuso un auditoría sobre su gestión y reveló anomalías en 86 de 423 obras facturadas y supuestamente ejecutadas entre 2008 y 2011.

En una entrevista con LA GACETA, concedida el jueves y publicada ayer, el secretario de Obras Públicas se desligó de la investigación sobre la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, área que figura dentro de su organigrama. Dijo que Brito debería "preocuparse por las cosas que hizo o dejó de hacer", en lugar de formular declaraciones a este medio. "Tenía la absoluta libertad e independencia para obrar del modo que lo consideraba. No podíamos intervenir porque eran actos a los que la DAU estaba facultada por ley (para hacer gastos sin licitación por hasta $ 150.000). Si yo las hubiera conocido (a las supuestas irregularidades) sin duda las habría denunciado. Pero como no las conocía no tenía manera de denunciarlo", dijo Mirkin.

Pero Brito cree que el funcionario sí estaba al tanto de todo. "Mirkin está más preocupado por defender a una empresa que hizo mal las cosas, según la acordada del Tribunal de Cuentas, que por defender a la gestión de gobierno de la cual yo participé activamente durante cinco años; él fue un testigo calificado de todo el accionar de la DAU. Por ser mi superior inmediato, era un testigo privilegiado de todo lo que hice al frente de la DAU", desafió.

De esa manera, Brito hizo alusión a la firma Saiko SA, adjudicataria de las obras iniciadas en el sur provincial para la instalación de un gasoducto. Mediante el acuerdo N° 2.250/13, de principios de mes, el Tribunal de Cuentas frenó un pago de $ 1,86 millón en favor de la firma. Adujo que Saiko SA, al instalar uno de los primeros tramos del gasoducto para La Cocha y otros pueblos del sur tucumano, cubrió las zanjas con la tierra que había extraído en las excavaciones, en lugar de utilizar materiales especiales, como lo exigía el pliego. Mirkin, durante la entrevista con este diario, afirmó que la empresa usó otro material de relleno con el consentimiento de Gasnor. Consideró que no se debería haber frenado el pago porque, en realidad, el ítem observado implica unos $ 120.000 del $ 1,86 millón total ya ejecutado por Saiko SA. "Ese fue el error", expresó.

La obra del gasoducto se inició con polémica en 2011, aún bajo la conducción de Brito en la DAU. La primera licitación, de la que participaron seis firmas, cayó por errores en la valuación. El empresario Ernesto Giménez, titular de una constructora que lleva su nombre, había realizado una oferta de 1,01% por debajo del presupuesto oficial bruto (POB), estimado en $ 28,7 millones. Pese a que el Tribunal de Cuentas no había objetado la documentación técnica de la obra en un control preventivo, tras la licitación el propio Brito advirtió que había un sobreprecio de $ 10 millones en el presupuesto oficial, realizado sobre la base de un informe requerido a Gasnor.

Con ese antecedente, el ex funcionario ironizó sobre las declaraciones de su ex jefe en el Gobierno: "quizá le haya molestado algo".

Recuperar la coparticipación.- Entre los planteos opositores que se dieron en la última sesión -realizada el jueves en la Legislatura- el parlamentario democristiano José Manuel Páez sostuvo que Tucumán debe renunciar al Pacto Fiscal. Por este convenio con la Nación, la Provincia cedió el ingreso que le correspondía por la coparticipación. "Este fue un acuerdo que el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo le impusieron a Tucumán durante la gestión de Ramón Ortega", destacó. En ese sentido, señaló que se debe seguir el camino de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Santa Cruz y San Luis y recuperar el 15% de coparticipación que la Nación le retiene a las provincias desde entonces. También remarcó que la permanencia dentro de ese esquema le privó a Tucumán de $ 6.900 millones en los últimos cinco años y que con ese dinero se pudo haber financiado el sistema jubilatorio en la órbita provincial.

En defensa del Liceo Militar.- El legislador de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, destacó el apoyo que le dio el oficialismo a una iniciativa de la oposición para que se garantice el normal funcionamiento del Liceo Gregorio Araoz de la Madrid. "Quiero agradecer al bloque Tucumán Crece, y en especial, al legislador (José) Orellana por su acto de sinceridad en la sesión", señaló. A su vez, explicó que su particular agradecimiento a Orellana se dio porque en el recinto, el famaillense dijo: "esto (por el Liceo) tiene una historia, donde el gobierno de la Nación trata de tomar una cierta venganza en contra de estas instituciones, afectando a los niños". En este sentido, el opositor agregó que hace 10 años viene denunciando esta actitud del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hacia las instituciones castrenses. "Insto a que se termine con estas políticas perniciosas porque sólo el camino de la unidad nos sacará adelante como Nación", afirmó.

Dejar de pagar el agua.- Ante las recurrentes falencias en el servicio de agua potable que afecta a distintos puntos de la provincia, el legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia, presentó un proyecto de ley para que los usuarios puedan defender sus derechos por medio de un procedimiento rápido y efectivo. "Este problema surge tanto por la crisis hídrica actual, como por la falta de planificación y en muchos casos inversión por parte del Estado", remarcó. Esta iniciativa establece que todos los usuarios que no tengan agua en sus domicilios podrán solicitar la intervención del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). Si se comprueba la falla en el servicio, el Ersept notificará a la empresa Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) para que se abstenga de cobrar la correspondiente factura hasta que el servicio se normalice.