El proceso de cobertura de una vocalía para la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de esta capital no sólo es uno de los concursos de mayor importancia en la historia del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM): también se presenta como uno de los más delicados en términos de intereses políticos. El órgano de selección de magistrados creado en 2009 es consciente de ello. Por eso se tomó casi cinco meses para conformar el jurado que supervisará la prueba escrita.

Y también por eso este jueves -fuera de sesión pública- se vio obligado a modificar la composición de aquel tribunal, a instancias de José Hernán Ibazeta y Guido Cattáneo, dos postulantes vinculados laboralmente al Ministerio de Gobierno y Justicia que desde 2003 encabeza Edmundo Jiménez. En virtud de las impugnaciones que ambos candidatos formularon contra Eudoro Aráoz, jurado suplente en representación del estamento de los abogados, este decidió presentar su renuncia indeclinable al cargo. El CAM aceptó la dimisión y dispuso designar en ese lugar a Diego Lammoglia.

Los impugnantes adujeron el mismo argumento, según el Acuerdo 49/2013, que firmaron los consejeros Regino Amado, Marta Ignacia Jerez de Rivadeneira, Federico Romano Norri, Carolina Vargas Aignasse, Enzo Espasa y Antonio Bustamante. Ibazeta expresó que Aráoz, que fue presidente del Colegio de Abogados de la Capital, era poseedor de una distinguida e intachable trayectoria profesional en otras ramas del Derecho distintas a las correspondientes a la materia propia del concurso de referencia. El Acuerdo 49 consigna que Cattáneo cuestionó a Aráoz alegando que el jurado debe ser conformado como manda la ley y, sobre todo, respetarse el requisito básico de la idoneidad.

Visita con escribana

La referencia a la ley tiene que ver con algo que el Acuerdo 49 no dice: Cattáneo objetó que el CAM haya designado a Aráoz sin que su nombre esté incluido en las listas de jurados que el órgano ha de elaborar periódicamente según los parámetros que establece el artículo 18 del reglamento interno. El concursante, que se desempeña como subsecretario del Ministerio de Gobierno y Justicia, concurrió este miércoles a la sede del CAM acompañado de la escribana María Gabriela Ailan para labrar un acta que constate el contenido de las listas. Fuentes del CAM informaron a este diario que el artículo 18 del reglamento no obliga a conformar los jurados exclusivamente con las nóminas elaboradas por universidades, colegios de abogados y asociaciones de magistrados, y que, en el pasado, el Consejo había armado otros tribunales a partir de nombres propuestos por los consejeros.

Tanto Ibazeta (es abogado del Ministerio de Gobierno y Justicia) como Cattáneo habían pedido la suspensión del concurso, cosa que el CAM desestimó en el mismo acuerdo con el que reemplazó a Aráoz. Disconforme con esa resolución, Cattáneo pidió a la Justicia que suspenda cautelarmente el proceso de selección, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó en el acto esa pretensión. Si no hay nuevos planteos, los aspirantes a ocupar el cargo que hasta su jubilación perteneció a Elva Graciela Jiménez, hermana del ministro de Gobierno y Justicia, rendirán la prueba escrita este lunes a las 8 en el Colegio de Abogados de la Capital.

El tribunal ad hoc quedó integrado por los magistrados Daniel Obligado (titular) y Alicia Freidenberg (suplente); los académicos Adrián Norberto Martín (titular) y Ana Lía Castillo de Ayusa (suplente), y los abogados Ángel Paliza (titular) y Lammoglia (suplente).

Ese jurado respeta dos consensos inspirados en el afán de fortalecer la garantía de imparcialidad. Uno de ellos es la exclusión del cuerpo que supervisará la oposición a los miembros del tribunal colegiado al que pertenece el cargo en trámite de cobertura (por eso no participan del jurado los camaristas Liliana Vitar y Eudoro Albo). El otro es la decisión de duplicar el número de evaluadores foráneos titulares (el reglamento del CAM exige que al menos uno de los jurados provenga de otra jurisdicción): a ese estándar responde la incorporación de Obligado, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 con sede en la capital argentina, y de Martín, docente de la Universidad de Buenos Aires.

Toda la investigación

El cargo en trámite de cobertura supone un poder enorme, puesto que la Cámara de Apelaciones revisa las resoluciones de los jueces de Instrucción de la provincia entera. Toda la investigación penal preparatoria pasa por ese tribunal de sala única creado en 2003 por iniciativa del ministro Jiménez, ni bien José Alperovich se convirtió en gobernador electo.

La importancia del despacho en cuestión tiene su correlato en el listado de postulantes que pretenden quedarse con él. Entre los 19 inscriptos hay un juez (Guillermo José Acosta), políticos y numerosos funcionarios judiciales.