El retorno a la democracia propulsó enormes cambios constitucionales y legislativos en los países latinoamericanos. "Pero para lograr la tutela efectiva de los derechos humanos o fundamentales no basta, como bien dice (el maestro italiano Luigi) Ferrajoli, con cambiar las reglas que permiten identificar quién decide y cómo, sino que es necesario garantizar que ciertas cosas sean decididas", advirtió el investigador mexicano Pedro Salazar Ugarte durante el cierre de la tercera sesión del XI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional "Jorge Carpizo".
La Justicia ordinaria no puede por sí sola asegurar que los derechos sean salvaguardados, pero los jueces tienen una responsabilidad ineludible, según el constitucionalista. "A los juzgadores les corresponde oponer el Derecho al poder y, de esta manera, proteger los derechos. Se trata de una misión estratégica porque, como sostenía (el politólogo estadounidense) Charles Howard McIlwain, la única institución esencial para defender el Derecho siempre ha sido un Poder Judicial honesto, hábil, preparado e independiente", dijo.
Y precisó que la independencia judicial tradicionalmente es proclamada respecto del poder político: "siempre queremos que la judicatura, en cuanto institución clave del Estado constitucional, sea independiente de la política como condición necesaria para garantizar el principio de imparcialidad".
"Neopatrimonialismo"
La política no es el único peligro. Salazar Ugarte convocó a "voltear (o ampliar) la mirada" y defender la independencia judicial de los llamados poderes fácticos derivados del dinero, la ideología y los medios de comunicación. "(Me refiero) a ese contubernio de actores y factores que mencionó Diego Valadés (presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional) en su discurso inaugural de este congreso: los poderes legales o ilegales; legítimos ilegítimos, como diría Ferrajoli, y más o menos violentos, agregaría yo", definió.
El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que esos otros poderes son la principal amenaza a los derechos humanos en la medida en que están capacitados para someter a las autoridades estatales o, en su defecto, para corromperlas o coludirlas. "La confusión entre soberanía y propiedad; entre política y economía, y entre relaciones públicas y relaciones privadas genera sociedades de privilegios y clientelas que son el opuesto perfecto a la sociedad de personas con derechos", expuso Salazar Ugarte. Y concluyó que la Justicia enfrenta un reto redoblado: "para sortearlo con éxito debe ser doblemente independiente; debe mantener su imparcialidad ante los actores políticos tradicionales y frente a los poderes que emergen del 'neopatrimonialismo' salvaje".