Los trabajadores de la empresa Saiko SA, al instalar uno de los primeros tramos del gasoducto para La Cocha y otros pueblos del sur tucumano, cubrieron las zanjas con la tierra que habían extraído en las excavaciones, en lugar de utilizar materiales especiales, según indicó el Tribunal de Cuentas (TC) en el acuerdo N° 2.250/13. Sin embargo, al menos dos reparticiones estatales y una empresa tenían atributos para revisar esas tareas, pero no advirtieron la presunta anomalía revelada hace 15 días por el organismo de control.

De hecho, en el expediente N° 1.081-320-S/2011 consta que la Secretaría de Estado de Obras Públicas (SEOP) contaba con un fondo de $ 157.000 "en concepto de gastos de inspección". Tampoco la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), oficina que forma parte de la estructura de la SEOP, notó las supuestas irregularidades; incluso, había aprobado el pasado 16 de agosto el certificado ordinario de obra N° 1, a favor de Saiko SA, por $ 1,86 millón. Esta resolución interna fue frenada, tras la formal oposición del Tribunal de Cuentas.

Ayer, LA GACETA se contactó telefónicamente con la sede de la DAU para consultarle al actual director, Juan Luis Pérez, si se ha iniciado algún trámite administrativo respecto a estas tareas. "Salió a hacer tareas por el interior, no va a regresar por hoy", respondió una mujer. También se intentó hablar con el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin, pero el funcionario dio dos fechas para ofrecer entrevistas (la última era ayer); en ambas ocasiones se excusó a último momento.

Dos convocatorias

El proyecto "construcción de gasoducto, estaciones reductoras de presión y redes de distribución, y obras complementarias para gas natural en La Cocha, comuna de San José y zonas aledañas" tuvo dos llamados a licitación pública. El primero acabó de manera polémica.

El 23 de agosto de 2011, seis firmas compraron pliegos para el concurso. El empresario Ernesto Giménez, titular de una constructora que lleva su nombre, había realizado una oferta de 1,01% por debajo del presupuesto oficial bruto (POB), estimado en $ 28,7 millones.

El Tribunal de Cuentas, integrado por Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), no había objetado la documentación técnica de la obra en un control preventivo efectuado un mes antes de la apertura de sobres (acuerdo N° 1.869/2011).

Sin embargo, tras la licitación, el entonces titular de la DAU, Miguel Brito, advirtió que había un sobreprecio de $ 10 millones en el presupuesto oficial, realizado sobre la base de un informe requerido a Gasnor. Esa primera estimación de costos no llevaba sello ni firma, destacó el empresario Giménez en una nota elevada a la DAU cuando se enteró, en octubre de 2011, que el ministro de Economía Jorge Jiménez había anulado el concurso.

En junio de 2012, en la sede de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, se realizó la segunda y definitiva apertura de sobres para la obra del gasoducto en el sur. La firma "Ernesto Giménez" no se presentó. Esta vez, el presupuesto oficial fue de $ 28,5 millones; es decir, $ 200.000 menos que cuando se habían detectado los sobreprecios. Según Gasnor, el proyecto se amplió a más ciudades de esa región, pero esto no fue ratificado aún por funcionarios del Gobierno provincial.

La firma Saiko efectuó la mejor oferta: $ 31,5 millones, según la licitación pública N° 001/12, del expediente N° 1.081/320-S/2011 de la SEOP.

Objeciones

En este segundo proceso de adjudicación, el TC sí había realizado diversas objeciones. En diciembre de 2011, durante un control preventivo, el organismo de contralor había indicado: "(se) mantiene la misma longitud del gasoducto que la contemplada en el expediente N° 2.995/321-DI-2010 (N. de la R.: de la primera licitación); sin embargo, sin justificación alguna, se incrementan considerablemente las horas de la mano de obra" (acuerdo N° 3.620/2011). También se requirió la verificación del precio de los componentes "reposición de terreno, enripiado y tapada", ítem que justamente fue cuestionado en la última inspección realizada por los auditores.

En febrero de 2012, al analizar la respuesta de la repartición, el TC aplicó un apercibimiento a la ingeniera Graciela del Valle Dodi, de la DAU, por considerar que los términos empleados tenían "contenidos ciertamente reñidos con el respeto y consideración que merece este tribunal".

En mayo de 2012, un mes antes de la segunda licitación, el departamento de Ingenieros Fiscales del TC requirió más datos sobre el proyecto. Según el acuerdo N° 848/2012, había una "gran incidencia" en el ítem "reposición de terreno enripiado" que no se había "justificado". Días después, el Tribunal de Cuentas emitió el acuerdo N° 1.025, que aprobaba la nueva documentación técnica presentada por la Secretaría de Estado de Obras Públicas.

En una visita realizada en agosto, el TC constató anomalías en el material utilizado para "reposición del terreno", en un certificado de obra firmado por la DAU por $ 1,86 millón a favor de la firma Saiko.

Ni esa repartición ni la SEOP habían detectado las supuestas irregularidades. En el caso de la firma Gasnor SA, su subgerente, Agustín de la Vega, había anunciado que se abocarían a esta tarea. "Nuestro personal especializado se encarga del control técnico de los trabajos que se van ejecutando. En campo tenemos dos colaboradores, uno que está realizando la inspección en forma permanente y otro que realiza supervisión y apoyo. Próximamente se incorporará un tercero", publicó en agosto pasado "Notigas", la sección de noticias de la página web de Gasnor.