Dos abogados querellantes en la Megacausa por crímenes durante la dictadura denunciaron que fueron víctimas de actos intimidatorios y comunicaron los hechos al Tribunal Oral Federal, para que tome conocimiento. El 4 de septiembre, la letrada Valentina García Salemi sufrió un robo en su casa de Horco Molle. Los ladrones barretearon las rejas de una ventana y sólo se llevaron una computadora y una cámara de fotos. Una semana después, la familia de su colega Daniel Waisemberg recibió un llamado telefónico en el que se informaba sobre un supuesto accidente con heridos, frente a la sede de la organización Andhes Derechos Humanos, a la que pertenecen ambos.

"Cerca del final del sexto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán, un proceso penal con todas las garantías, desde Andhes hacemos público y repudiamos actos con claros fines intimidatorios contra nuestros letrados querellantes, por parte de quienes se resisten al avance de la verdad histórica y la justicia en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado en nuestro país", dice el comunicado que emitió la ONG Andhes.

Waisemberg comentó que, por el robo, se hizo una denuncia ante la Justicia provincial, de lo que resultó un allanamiento que no produjo resultados. "El 10 de septiembre, mi familia recibió un llamado, con las características de un secuestro virtual. La persona que hablaba dijo que se había producido un choque en San Martín al 1.000 (donde está la oficina de Andhes), que había heridos graves y que uno de ellos tenía el teléfono de mi casa", contó Waisemberg.

Ante esto, decidieron comunicar la situación al TOF, pero no difundir la denuncia antes del reconocimiento ocular en el predio de la compañia de Arsenales Miguel de Azcuénaga, que la querella considera de funsamental importancia para el desarrollo de la causa. Tampoco es casual, aseguran, que estos hechos se produzcan poco antes de que empiece la etapa de alegatos.

"La grave situación que hoy denunciamos denota la importancia de profundizar debates democráticos hacia adentro de las instituciones de seguridad. En particular lo acontecido refleja la presencia en la actualidad de células anacrónicas, pero aún vigentes, que mediante prácticas propias de esquemas ilegales y del terror, pretenden evitar los contundentes avances en materia de investigación y juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar", expresó Andhes en el comunicado difundido en su página web.

Desde la ONG también enfatizaron "la importancia procesal y objetiva de la prisión preventiva como modalidad cautelar y de la cárcel común a todos aquellos que resulten condenados en estos juicios".

En este contexto, finalizaron desde la ONG, estos acontecimientos no pueden sino entenderse como intentos vanos de frenar y obstaculizar el desarrollo de los juicios, la construcción colectiva de la memoria y el descubrimiento de la verdad histórica que se produce paso a paso en cada fosa hallada, con cada resto identificado y en cada restitución a su familia de quienes durante más de 37 años permanecieron como desaparecidos.