En los últimos tres años, la planificación de la construcción de un gasoducto en La Cocha tuvo marchas y contramarchas. La Secretaría de Obras Públicas (SOP) debió realizar varios ajustes al proyecto; la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), dependiente de esta área, detectó un millonario sobreprecio en la primera licitación; y el Tribunal de Cuentas (TC) efectuó diversas observaciones en los controles preventivos sobre los trabajos, que darán el servicio de gas a unos 100.000 vecinos del sur.

Pese a las presuntas anomalías registradas en ese tiempo, el costo total de la adjudicación de la obra será de $ 31,5 millones; es decir, un 10,5% más que el presupuesto oficial elaborado en 2012; y un 9,9% más que un presupuesto desechado en 2011 por contener sobreprecios.

Variación millonaria

En septiembre 2011, el entonces titular de la DAU, Miguel Ángel Brito, había advertido al ministro de Economía, Jorge Jiménez, que Gasnor SA había cometido errores en la cotización de las tareas y materiales requeridos para realizar el presupuesto oficial. En ese momento, la empresa admitió por nota las equivocaciones -a instancias de un planteo del ex funcionario- al brindar una cifra estimada de $ 28,7 millones (expediente N° 2.995/321-2010). La variación en la valoración, según constataron en la repartición, superaba los $ 10 millones.

En mayo de este año, luego de una serie de observaciones del Tribunal de Cuentas al proyecto, y de correcciones realizadas por los funcionarios, el gobernador, José Alperovich, aprobó el convenio para la ejecución de los trabajos, junto al titular de la SOP, Oscar Mirkin. El presupuesto oficial actualizado era de $ 28,5 millones (unos $ 200 mil menos que cuando se habían detectado los sobreprecios), y la firma Saiko SA resultó adjudicataria de la obra, tras realizar una oferta de $ 31,5 millones, según la licitación pública N° 001/2012 del expediente 1.081/320-S-2011.

En los últimos días, LA GACETA intentó comunicarse para hacerles consultas sobre estos temas a Mirkin y al director de la DAU, Juan Luis Pérez, pero no hubo respuesta a los llamados.

El pasado 4 de septiembre, los integrantes del TC, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), observaron con carácter de formal oposición una resolución interna de la DAU dictada el 16 de agosto, que aprobaba "el certificado ordinario de obra N° 1", correspondiente a la obra "construcción de gasoducto, estaciones reductoras de presión y redes de distribución y obras complementarias para gas natural en la ciudad de La Cocha, comuna de San José y zonas aledañas". Mediante ese documento, Pérez aprobaba una etapa de las tareas efectuadas por Saiko SA, que implicaban un desembolso de $ 1,8 millón por parte del Ministerio de Economía. El TC frenó el pago, ya que los auditores detectaron presuntas anomalías durante un control preventivo. "El material utilizado para la reposición de terreno (N. de la R.: en las zanjas para instalar los caños) es el extraído de las excavaciones; no hay cama de arena ni ningún material de aporte especial que justifique el monto a pagar por el ítem, desvirtuando de esta manera las especificaciones del pliego", destacó el Departamento Ingenieros Fiscales del ente de control, según el acuerdo N° 2.250/2013. El cuerpo de auditores añadió que "no se ejecutó el ítem: 'reposición de terreno enripiado'".

No fue la primera intervención del Tribunal de Cuentas sobre estas obras. El pasado 4 de julio, el organismo sí aprobó la resolución N° 375/3 de la SOP, que autorizaba el certificado por anticipo financiero por $ 4,7 millones a favor de Saiko SA. Los auditores valoraron que ya se había autorizado el inicio de las obras para la provisión de gas en La Cocha y otras localidades del sur, como San José, Los Ralos, Río Chico, Santa Ana y Simoca. "Encontrándose ajustado a derecho el acto subexamen y teniendo en cuenta lo informado por nuestros estamentos técnico, contable y jurídico, corresponde no formular observaciones", afirmó el TC.