El oficialismo y la oposición no se dan tregua en Concepción. La intendencia, que encabeza Osvaldo Morelli (FpV), dio a conocer un pedido de embargo de la Justicia sobre la dieta del concejal opositor Eduardo Carrizo (UCR), derivado de un juicio particular por desalojo. El edil afirmó a LA GACETA que las autoridades habrían difundido la información para desprestigiarlo, en respuesta a sus denuncias sobre presuntos manejos irregulares de fondos públicos.

La Municipalidad informó que devolvió a la Justicia un oficio que le ordenaba embargar a Carrizo casi $ 70.000. Los abogados de la administración consideraron un error que el Juzgado en lo Civil de la I Nominación de los tribunales de esa ciudad haya interpretado que el concejal es un empleado municipal. "Es un representante con dependencia directa del Concejo, que tiene su propio presupuesto", observó el secretario de Gobierno, Carlos Disántolo.

La resolución judicial, firmada por la jueza Ivana Mockus, se libró en un incidente de embargo preventivo que le inició a Carrizo la abogada Teresa Ponce. La letrada había patrocinado una demanda de desalojo que le había iniciado al edil la empresaria Teresita Eugenia Díaz, La mujer es propietaria de un local frente a la plaza principal que durante años estuvo ocupado por Carrizo. Ahí funcionaba el tradicional bar "Charly". Tras el desalojo, se abrió una confitería.

El embargo ordenó descontar al edil el 20% de sus haberes por mes hasta completar los honorarios.

"Pretenden ensuciarme"

"Me entero por ustedes (por LA GACETA). Pretenden ensuciarme", retrucó Carrizo, presidente del bloque radical. Explicó que, como perdió el litigio, debía afrontar los honorarios de los abogados, pero que consideró que estaban mal liquidados. "Jamás me negué a pagar. Hice un planteo porque la base de cálculos estaba mal", detalló.

"Es penoso que pretendan dar importancia a esto, sólo por haber denunciado un mal manejo", dijo. Advirtió que el municipio debería "explicar mejor" la manera en la que maneja el dinero público. "Resulta preocupante no saber el destino de $ 10 millones", concluyó en referencia a su denuncia. El bloque había cuestionado la ejecución presupuestaria del primer trimestre, porque las planillas referían al Presupuesto 2012 en vez de 2013. La Municipalidad había asegurado que era un error de tipeo.