Contar la historia de la Unidad Popular y del gobierno de Salvador Allende sin hacerla culminar en la tragedia del Golpe de Estado es una condición necesaria para recuperar la propia historicidad de la época. La mayoría de los estudios que se escribieron en los 70 y desde ahí en adelante, han puesto énfasis en al menos tres factores que explican el Golpe de Estado y que han incidido en la lectura que se hace de los años de la Unidad Popular (UP).

El primero de los factores obedece a la intrincada relación entre el agotamiento de un modelo de desarrollo económico y social, basado en un proyecto industrializador sustitutivo de importaciones que había llegado al límite de sus propias capacidades y un proyecto de ampliación democrática, que venía sucediéndose consecutivamente desde 1925. Esta relación implicaba que existía un gran reclamo de inclusión social, que se expresaba en demandas por vivienda, educación y consumo, que no lograban satisfacerse con la rapidez que los actores requerían, a la par que el modelo de desarrollo no daba los resultados esperados. Así una inflación galopante, una balanza de pagos negativa y la ralentización del crecimiento económico marcaban una aguda tensión que en los años 70 llegaría a sus límites más visibles.

La presión sobre el Estado y en particular sobre el poder Ejecutivo, generaban una gran demanda sobre el Presidente de la República y sobre los partidos políticos, quienes se habían convertido en los articuladores centrales de la demanda social. De allí que la relación entre partido y movimiento se viera, en especial en la izquierda y el centro político, intrincada y a veces con limites demarcatorios confusos.

El segundo de los factores se relaciona con las transformaciones dentro del sistema de partidos. E deterioro del centro pragmático que había constituido el Partido Radical desde fines del siglo XIX y hasta mediados de los años 50 y que había permitido el establecimiento de alianzas políticas con la derecha y/o la izquierda, habían garantizado gobiernos de mayoría, que tendían a la moderación de sus propuestas. Sin embargo, hacia 1957 el reemplazo de ese centro político, por la Democracia Cristiana (DC), ayudó a erosionar la dinámica de alianzas y moderación que se requería para mantener la estabilidad democrática. La DC proclamaba una tercera vía alternativa al capitalismo y al socialismo. Así, constituida por jóvenes de clase media ilustrada, vinculados al pensamiento social cristiano y al desarrollismo impulsado por la Cepal, se instalaron con un fuerte discurso mesiánico, combinado con el saber tecnocrático, que los hizo crecer durante los 60, tanto que conquistaron la presidencia con Eduardo Frei Montalva en 1964. Sus propias posturas ideológicas no posibilitaron jugar el rol aliancista y estabilizador que tenía el erosionado partido Radical, generando una situación de tres tercios ideológicos sin posibilidad de encuentro polarizando el sistema político volviéndolo inestable.

Modelo a imitar

Y existió un tercer factor que explicaría el fin de la Unidad Popular, su fracaso y el golpe. Este factor tiene relación con las tensiones internas que habría experimentado la propia UP. Concebida como un proyecto político institucional, llegó al poder por la vía pacífica y electoral y en ese sentido, respetuosa de una institucionalidad que se planteaba respetar como algo sagrado. Mal que mal para Allende y sus compañeros comunistas (especialmente), si esto llegaba a buen puerto, se convertirían a un modelo a imitar, disputando la hegemonía del modelo armado y violento que encarnaba la Revolución Cubana, por ejemplo.

Como modelo respetuoso de la institucionalidad y con un Congreso que tenía casi dos tercios de las fuerzas de oposición, dicho proyecto se veía complicado. Pero existía tal confianza en las instituciones y su apego democrático que quizás nadie esperó que los bloqueos a las iniciativas fueran la tónica de la relación entre Allende y el Parlamento.

Ahora bien, Allende no sólo tuvo que lidiar con la oposición. La UP tuvo límites porque su proyecto institucional iba bastante más lento que las expectativas de sus bases de apoyo. La revolución por arriba (la institucional) tenía un ritmo distinto que la revolución por abajo (la social) y entra estas dos se generó una tensión muy fuerte. El proceso de reforma agraria hizo que la destrucción del latifundio avanzara más rápido que las expropiaciones legales. Los trabajadores, los campesinos y el pueblo en general parecían avanzar más rápido de lo que permitía la institucionalidad, pero también de lo que los propios políticos de la UP podrían haber siquiera imaginado.

Se sumó también las propias tensiones dentro de la coalición de gobierno. Fuerzas partidarias del gradualismo, en las que se estaba un sector del Partido Socialista y todo el Partido Comunista, se enfrentaban a posturas más radicales como las Partido Socialista en su mayoría, el MAPU y la Izquierda Cristiana. Estas interpretaciones hacen que la UP casi estuviera condenada al fracaso.

Pero también es importante señalar que la Unidad Popular fue una gran fiesta. El pueblo soñó que podía participar de la construcción del poder y la Nación. La promesa de inclusión y democratización calaron profundamente en la sociedad y eso hizo temblar a las elites y a los propios EEUU, quienes no estaban dispuestos a permitir que semejante experiencia se replicara en otros lugares. La asamblea del pueblo en Concepción, y los cordones industriales, fueron la mejor expresión de una forma distinta de concebir la sociedad socialista e imprimieron nuevos sentido al propio significado de la democracia. En pleno contexto de Guerra Fría, la promesa de la Unidad Popular era algo que debía impedirse por todos los medios. Los recientes archivos desclasificados de la CIA demuestran la importancia que este proceso tuvo para los norteamericanos, así como la disposición a hacer una guerra sucia desestabilizadora al gobierno de Allende.

Pero, la adhesión a las normas institucionales era bastante más precaria que lo que los propios actores querían reconocer. La conexión entre civiles y militares tenía larga data y en especial la relación que desde la década del 50 se estableció entre los Chicago Boys y la Armada, lo que posteriormente brindó el fruto de la implantación del neoliberalismo a ultranza en Chile. Grupos armados de extrema derecha también se habían contactado con militares previamente y habían solicitado su apoyo para impedir el reconocimiento del gobierno de Allende si este llegaba a ganar las elecciones.

Un actor clave

El dueño del periódico más importante de Chile, "El Mercurio", fue un actor clave en establecer relaciones con la CIA para desestabilizar el gobierno legítimamente elegido. Las conexiones entre militares chilenos y los del Cono Sur, eran fluidas gracias a la preparación en la Escuela de las Américas, donde aprendieron la Doctrina de Seguridad Nacional.

Ahora bien, es cierto que el proyecto de Allende sólo representaba a un tercio de la sociedad chilena. En la elección de 1970 apenas logró sacar unos puntos porcentuales más que el candidato de la derecha Jorge Alessandri. La Democracia Cristiana si bien reconoció su triunfo, su reconocimiento siempre limitado.

También es cierto que la política económica de la UP generó mayor presión sobre un agotado sistema de desarrollo económico y social. La batalla de la producción como consigna no lograba sortear una modificación significativa a la curva de posibilidades de producción. Y a eso también hay que sumarle un boicotdel propio empresariado que bajó la producción y que dada las políticas de mejora del ingreso de los trabajadores llevó a una inflación del 600%. Desabastecimiento y "filas" son parte de la memoria de los chilenos.

Debería ser justo reconocer que es recuerdo sólo puede remontarse al período posterior al paro de los camioneros de octubre de 1972, que buscaba generar el desabastecimiento de la capital. Después, la marcha de las "cacerolas vacías", organizada por las mujeres de derecha, es una consecuencia de esta instalación de clima de crisis. Los militares se hicieron eco y fueron parte de esta construcción. La democracia se hacía añicos y no hay registro de memoria de dictadura más feroz que la que se instaló ese 11 de septiembre de 1973. Ese 11 de septiembre de 1973 se destruyó la democracia en Chile, pero también se destruyó la posibilidad de una sociedad distinta, más participativa, más justa e igualitaria. Con el general Augusto Pinochet se instaló el terror de Estado y una dictadura que dejó un saldo de más de 3.000 muertos, decenas de miles de exiliados y cientos de miles de torturados.

Sin embargo lo más importante es que Pinochet y su junta, en colaboración con civiles, logró transformar profundamente a Chile. La instalación del neoliberalismo, tan ortodoxo como estaba en las páginas de los textos de Milton Friedman, generó un Chile que en nada se parece al de la Unidad Popular. La dictadura no sólo cambió el modelo de desarrollo económico, transfirió la herencia de la institucionalidad sobre la que se articuló la transición a la democracia, sino que también y de manera más profunda, cambió la forma de constitución de nuestra experiencia social, instalando el neoliberalismo en nuestros cuerpos.

El ex presidente, Ricardo Lagos, y connotado dirigente socialista rechazó que deba pedirse perdón por la gestión de gobierno del derrocado Salvador Allende, en la cual "hubo errores pero no horrores". La senadora Isabel Allende, hija del ex mandatario, lamentó el intento de algunos sectores de "homologar situaciones". Lagos y Allende salieron al cruce de los pronunciamientos de legisladores de la coalición gobernante que relaman que todos los sectores pidan perdón por lo sucedido durante la dictadura. También la ex presidenta y candidata, Michelle Bachelet, llamó a realizar "una reflexión amplia" y "sin ventajas políticas". "Tras cuatro décadas del golpe militar, los chilenos y chilenas esperan de nosotros una reflexión basada en la verdad y condena de los hechos dolorosos, con una mirada de futuro y sin ventajas pequeñas", indicó. (DPA-Especial)

El presidente Sebastián Piñera, afirmó que hay "muchos cómplices pasivos", como jueces y periodistas, en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). Ese gobierno "tuvo sombras muy profundas" como "el atropello reiterado, permanente y sistemático de los derechos humanos", dijo. Agregó que "hay muchos" responsables en las violaciones a los derechos humanos, entre los cuales están las mismas autoridades castrenses de la época. Pero, Piñera, que dijo ser un opositor a la dictadura, consideró también que en ese régimen "hubo algunas luces", como el "programa de modernización" de la economía que incluyó "la apertura al exterior, la incorporación de la economía social de mercado y las oportunidades para la iniciativa individual. (Télam-Especial)

Un 76 % de la población considera un "dictador" al fallecido general Pinochet y un 63 % cree que el ex militar "destruyó la democracia", según un sondeo revelado en Santiago. Pinochet es mencionado por un 41 % de los entrevistados, un 17 % más respecto del estudio realizado en 2003, como el principal culpable del golpe; un 9 % responsabiliza al derrocado presidente Salvador Allende, afirmó la medición del Centro de Estudios Contemporáneos. La investigación reveló que un 16 % considera que los militares tenían "razón" al dar el golpe de Estado y un 18 % estima que con la intervención castrense "Chile se liberó del marxismo". La muestra fue de 1.200 personas se realizó con entrevistas "cara a cara", con motivo de conmemorarse el 40 aniversario del golpe militar que derrocó al líder socialista el 11 de septiembre de 1973, instaurándose una dictadura que se prolongó durante 17 años.