El secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer, adelantó que el Ministerio de Seguridad dotará de pistolas eléctricas a la Policía. "Son armas de última tecnología. Tienen muy buenos resultados para casos de concentraciones masivas y no producen efectos graves en las personas", afirmó el funcionario, según publica en su portal la secretaría de Prensa y Difusión de la Provincia.
Las armas no letales fueron probadas en el polígono de la Policía, donde la empresa proveedora realizó una muestra ante el jefe de la fuerza, Jorge Racedo, y el subjefe Víctor Sánchez.
Antecedentes
Desde hace unos años, en Córdoba se aprobó el uso de pistolas eléctricas Taser modelo X26 (más conocida como "teiser", por la fonética en inglés) por parte de la Policía. Sin embargo, en otros distritos la implementación de este equipamiento despertó polémica y fue prohibido.
En 2010, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó a la Policía Metropolitana el uso de las pistolas Taser. Sin embargo, la Justicia porteña resolvió prohibir su uso por entender que esto es un "elemento de tortura". La magistrada hizo lugar a un recurso de amparo del Observatorio de Derechos Humanos porteño y dispuso el cese provisorio del uso de estas armas parecidas a las picanas eléctricas.
La decisión fue rechazada por el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, quien calificó como "muy malo" el fallo. "No entienden que sin las Taser un policía va a portar armas igual y va a tener que intervenir con armas de fuego en caso de ser necesario", defendió.
Rechazo
Amnistía Internacional (AI) no sólo cuestionó su uso, sino que afirmó que pueden ser letales, son propensas al abuso policial y pidió que no se usen más. En un informe presentado en 2012, Amnistía Internacional aseguró que entre 2001 y 2012 al menos 500 personas en EE.UU. murieron después de recibir una descarga con un Taser.
"De las cientos de personas que han perdido la vida en Estados Unidos tras el uso por la policía de armas Taser, se puede concluir que en decenas, y posiblemente veintenas de casos, se hizo un uso indebido de la fuerza", acotó en una declaración Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, al momento de presentar el informe.