En 1975, la provincia tendría poco más de 765.962 habitantes (la cifra se desprende del censo nacional de 1970). O sea, la mitad de la población actual, que, según el censo de 2010 es de 1.448.188 habitantes. En casi 40 años se duplicó el número de tucumanos, pero la primera instancia de la Justicia Federal mantuvo la misma estructura desde 1975, cuando el Congreso de la Nación creó el Juzgado Federal N° 2. Esa asimetría de tamaño entre la institución y la comunidad de referencia comenzó a achicarse este miércoles, gracias al nacimiento del Juzgado Federal N° 3.

Tan inmensa es la necesidad que, una vez puesta en marcha (y para eso todavía falta mucho), la tercera oficina posiblemente no acarree una descongestión ostensible de los Tribunales. Pero algo es algo y, en las circunstancias presentes, la novedad supone una ampliación enorme puesto que el Juzgado Federal N° 3 viene acompañado de una nueva fiscalía y de otra defensoría pública oficial, según la ley que el Senado de la Nación sancionó por unanimidad en la última sesión.

El origen próximo de la iniciativa es la banca del senador José Cano (UCR), pero, en el texto original del proyecto, el autor reconoce que reprodujo una idea de la ex senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales (FR). Esa propuesta legislativa obtuvo media sanción de la Cámara Alta en 2007, pero luego perdió estado parlamentario. En el ínterin, el diputado nacional Juan Salim (FpV) formuló un proyecto similar a los antedichos.

La proposición de Cano logró el aval del Senado el 2 de noviembre de 2011, en la misma sesión en que los parlamentarios prestaron acuerdo a la designación de Fernando Poviña (h) como juez federal N° 2 de Tucumán. La intención primitiva del hoy candidato a diputado nacional (ACyS) era concentrar exclusivamente en el Juzgado Federal N° 3 el trámite de las causas penales y correccionales, y de las relativas a la Ley de Estupefacientes. Ese proyecto en consecuencia tocaba -y restringía- la competencia de los despachos N° 1 (encabezado por Daniel Bejas) y N° 2. Pero el cambio no prosperó en la Cámara Baja, que aprobó la creación del Juzgado Federal N° 3 con modificaciones.

Un acto de "clonación"

Visto lo visto, el Senado prefirió no insistir con la propuesta primigenia y acogió la versión de los diputados. Esta consiste en un Juzgado N° 3 con competencia múltiple sobre todo el territorio provincial o un "clon" del N° 2, de modo tal que la única diferencia entre estos dos y el N° 1 será la competencia electoral. Por lo demás, el nuevo despacho funcionará con cuatro secretarías: una para expedientes vinculados a leyes especiales; otra para pleitos civiles; otra para causas penales y una última para litigios de ejecución fiscal. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ejercerá la superintendencia y será el tribunal de alzada (revisará las decisiones que emita el futuro juez federal N° 3).

La norma sancionada este 4 de septiembre crea cargos de magistrados, funcionarios y empleados. La nueva dependencia del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, nace con un staff de 10 miembros. Si la Ley de Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación se mantiene en pie (fue sancionada en mayo, en el ámbito de la llamada "democratización de la Justicia"), los puestos añadidos a la Justicia Federal de Tucumán serán cubiertos casi íntegramente mediante el mecanismo del concurso público. Ese sistema existe desde 1994 para la selección de magistrados, y por él pasaron los jueces Bejas, Poviña y Alicia Noli, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (de los concursos saldrán también el próximo fiscal general ante el Tribunal Oral y el reemplazante de Carlos Brito -hoy fiscal N° 1- en la Fiscalía Federal N° 2).

La experiencia enseña que el proceso de selección de jueces puede llegar a prolongarse durante tres o cuatro años. En paralelo al trámite complejo de las designaciones judiciales, los Tribunales Federales de Tucumán han de abordar un plan edilicio para albergar despachos, áreas de trabajo y mostradores. La -velocidad de- implementación del Juzgado N° 3 depende de la asignación del crédito presupuestario para la atención del gasto que este demande. Con ley en mano, la Justicia vuelve a requerir voluntad política, esta vez del Poder Ejecutivo de la Nación.