Las grandes tragedias tienen el poder de sensibilizar a la ciudadanía y de hacerle tomar conciencia por un instante de que podría ser alcanzada por esta si no se tomaran los recaudos necesarios. El 6 de agosto pasado un edificio residencial de Rosario de Santa Fe explotó, como consecuencia de una fuga de gas, y murieron 21 personas; se registraron más de 60 heridos. Momentos de zozobra vivieron el domingo los habitantes del edificio de San Juan 750, de nuestra ciudad, cuando la caldera provocó vibraciones en la estructura durante 15 minutos, a las 2.30. Se constituyeron en el lugar personal de Defensa Civil, la Policía y los bomberos. Un operario de Gasnor cortó el suministro de gas. Las escenas de pánico se repitieron a la siesta cuando se produjo nuevamente el temblor.

El personal de Gasnor notó que el precinto había sido violado, se labró un acta y se desinstalaron los medidores, de manera que los moradores quedaron sin gas y sin agua caliente. Una inspección determinó que no había sucedido una fuga de fluido y se cree que el problema se halla en la caldera, que empieza a vibrar cada vez que se la pone en funcionamiento.

Una vecina contó que en las tres últimas semanas no tenían suministro de agua caliente y señaló que los responsables del edificio enviaron a operarios para que repararan la caldera. "El trabajo que hicieron es clandestino, venían de noche, Defensa Civil no sabía nada y no tenían ningún tipo de habilitación", le dijeron los vecinos a nuestro diario. Agregaron que en el sexto piso se llueve en todo el pasillo y en varios pisos faltan los extintores de incendios.

No es, por cierto, la única propiedad horizontal. Los vecinos del edificio de Moreno 229 se quejan porque carecen de gas natural, tienen sólo luz de obra (es decir que los departamentos no poseen medidores individuales), las cocheras están inundadas desde hace dos años y como el inmueble no cuenta con el final de obra, los propietarios no pueden escriturar y tampoco pagan el impuesto municipal.

En julio de 2010, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán divulgó un informe que indicaba que el 58% de las edificaciones en altura habían cometido alguna infracción al Código de Planeamiento Urbano. Señalaba que en la mayoría de los casos no se trata de faltas graves, y que debían ser corregidas. Se informaba que en los últimos años se habían erigido en el centro de la ciudad 400 edificios. En esa oportunidad, la intendencia anunció que efectuaría controles rigurosos y aplicaría sanciones onerosas a los transgresores. Ya antes, en 2007, debido al incumplimiento de la ley y a la falta de control municipal, el Concejo Deliberante había aprobado una ordenanza de excepción masiva para unas 500 construcciones irregulares. El castigo a los infractores consistía en invertir en el asfalto de una calle o en otros trabajos para el espacio público.

¿Habrá descendido a la fecha el porcentaje de infractores, que en 2010 era de un 58%? ¿Se incrementaron los controles? ¿Se corrigieron las fallas? ¿Se aplicaron sanciones onerosas? ¿Cuántos edificios se hallan habitados sin que se les haya otorgado el final de obra? ¿Por qué se permite esta situación?

La desgracia de Rosario debería dejarnos enseñanzas. Ocurrió por irresponsabilidad. ¿Qué esperamos? ¿Que suceda una tragedia? No tiene mucho sentido llorar luego de una catástrofe que pudo evitarse o buscar culpables. La vida es lo único que no puede recuperarse.