"Alguien tiene que dar la cara, resulta que ahora nadie es culpable ni asume las consecuencias". De esta manera se refirió Mabel Martínez, una de las más de 130 personas que aseguran ser adjudicatarias de una vivienda en el barrio Judicial, sobre el supuesto fraude que, aseguran, los privó de acceder a las 227 casas entregadas el viernes por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu).
En la mañana de ayer, cerca de cien personas se concentraron para manifestarse frente a la sede del Ipvdu, situada en calle Muñecas al 400.
Cuando se preparaban para cortar el tránsito, el funcionario de ese organismo, Miguel Jiménez Augier, los recibió y escuchó las quejas. Martínez indicó que les mostraron una copia del listado definitivo de postulantes, con fecha 13 de agosto de 2013. "Tenemos que admitir que la recepción fue cordial y con mucha tranquilidad. Jiménez Augier nos pidió que avancemos por la vía legal, y agregó que la labor del Instituto simplemente es analizar si los postulantes cumplían con los requisitos", acotó Martínez.
Al finalizar la reunión, intentaron cortar la calle y quemar cubiertas. Sin embargo, según la versión de los manifestantes, personal de Gendarmería y de la Policía buscó impedir que se encendieran los neumáticos. Tras insultos y momentos de tensión, trasladaron la manifestación hasta el Palacio de Tribunales. "Por suerte no pasó a mayores, por la cantidad de niños y de mujeres presentes", indicó un manifestante que pidió la reserva de su identidad. Gustavo Durán, interventor del Ipvdu, reiteró que las viviendas fueron entregadas bajo instancia de la entidad intermedia (el gremio judicial). Además, el funcionario afirmó que se reunirán con todas las entidades intermedias "para evitar estas situaciones".
Los adjudicatarios indignados se reunirán para definir cómo continuarán con sus reclamos, y destacaron que entre ellos no habrá "voceros o líderes" para tratar de mantener la horizontalidad en el grupo.