Una serie de operativos realizados en las provincias de San Luis, Córdoba y Tucumán dieron como resultado el rescate de 60 personas que eran sometidas a condiciones de explotación laboral y malos tratos. En uno de los allanamientos fueron detectados ocho casos de explotación infantil.

En San Miguel de Tucumán, tras el allanamiento a un domicilio privado que funcionaba como taller de confección y venta de canastos, fueron rescatados una joven colombiana de 16 años y su hijo de 14 meses, quienes quedaron a resguardo del Programa de Rescate.

En este caso, si bien no se había consumado aún la etapa de explotación, la joven denunció haber sido abusada sexualmente y solicitó asistencia para regresar a su país de origen, a la vez que manifestó que le habían ofrecido un trabajo como empleada administrativa, situación que nunca se concretó al arribar a la Argentina, según su testimonio. Este último operativo se originó en un llamado al 145.

En total, unas 60 personas fueron rescatadas por el equipo de profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, informó hoy el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El primero de los allanamientos se realizó en San Luis, en una finca dedicada a la cosecha de papas, donde fueron rescatadas 13 personas, en su mayoría oriundas de Santiago del Estero, que quedaron a resguardo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Victimas de Trata.

Allí se constató que las víctimas vivían en condiciones de hacinamiento. En una habitación carente de baños y sin higiene y seguridad convivían ocho personas. Todas eran obligadas a trabajar extensas jornadas.

Una situación similar se detectó en Córdoba, en un procedimiento realizado en una fábrica de ladrillos en la localidad de Malvinas Argentinas, cercana a la capital provincial, donde 45 personas de nacionalidades argentina y boliviana, entre ellas ocho menores de edad de entre 14 y 17 años, eran sometidas a explotación laboral.

Las víctimas declararon que trabajaban una excesiva cantidad de horas, mientras que el hacinamiento y las condiciones de insalubridad en las que vivían incrementaban las situaciones de riesgo y vulnerabilidad a las que eran expuestas.

En los tres allanamientos la Justicia dispuso la detención de los responsables de los establecimientos intervenidos, mientras que en la mayoría de los casos las víctimas coincidieron en haber aceptado la propuesta laboral debido a la situación de vulnerabilidad económica que atravesaban en sus lugares de origen.

Desde la sanción en 2008 de la ley 23.364, que tipificó a la trata como delito federal, y la creación de la Oficina de Rescate, ya fueron liberadas más de 5.000 personas sometidas a explotación laboral o sexual, mientras que durante la primera mitad de este año fueron rescatadas 1.047 víctimas en distintos puntos del país. (Télam)