BRASILIA.- El dos veces candidato presidencial por la oposición del Brasil, José Serra, fue acusado de participar de un multimillonario escándalo de corrupción por un supuesto acuerdo fraudulento para comprar 40 trenes cuando era gobernador de San Pablo.

Las revelaciones publicadas en el diario Folha de Sao Paulo y la revista Isto E se conocen a dos meses del inicio de la ola de protestas masivas contra la mala calidad y el precio alto del transporte público.

Un ejecutivo de la empresa alemana Siemens escribió en un correo electrónico que Serra autorizó un acuerdo fraudulento para un contrato de 40 trenes para la compañía de transporte urbano. Esta semana se supo del depósito de sumas millonarias en una cuenta en Suiza perteneciente a una persona vinculada a la presunta red ilegal, que también actuó en la construcción de líneas de subterráneos de la mayor metrópolis de Sudamérica.

La Justicia impulsa una causa por corrupción que envuelve, al menos, a tres gobernadores de San Pablo: Serra, el fallecido Mario Covas y el actual Geraldo Alckmin, todos del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). En el proceso, Siemens admitió su responsabilidad a cambio de beneficios judiciales por la llamada "delación premiada".

Serra rechazó la denuncia y aseguró que nunca tuvo "encuentros privados con el director de Siemens o de otra empresa proveedora del Estado". Sin embargo, reconoció haber viajado a Holanda donde habría tenido lugar esa reunión.

En la madrugada de ayer, más de 70 personas fueron detenidas durante el operativo policial para desalojar la ocupada Cámara Municipal (Concejo Deliberante) de Campinas, a 93 kilómetros de San Pablo. La protesta comenzó cuando el cuerpo estaba sesionando, y obligó a los ediles a abandonar el edificio por la zona posterior. Unos 200 jóvenes se instalaron en demanda de pasajes gratis de colectivos para los estudiantes y una investigación legislativa sobre supuestas irregularidades en el sector.

Ayer hubo protestas en el aeropuerto paulista de Congonhas, contra el despido de 800 empleados de la aerolínea TAM. (Télam-DPA)