MADRID-BRUSELAS.- La Comisión Europea advirtió a España de que sus controles en la frontera con Gibraltar deben ser "proporcionados" y anunció que enviará expertos en septiembre para que comprueben la situación.
Los controles de vehículos en la frontera entre España y la colonia británica, en el sur de la Península Ibérica, se han incrementado desde hace unos días, en medio de una nueva disputa entre las autoridades del Peñón y el Ejecutivo español. Junto a la verja se registran largas colas por esos controles, que llegan hasta las dos horas de espera.
El primer ministro británico, David Cameron, habló con su homólogo español, Mariano Rajoy, y acordaron iniciar conversaciones para tratar de resolver las diferencias a través de los ministros de Exteriores, William Hague y José Manuel García-Margallo. Ambos países pretenden crear grupos de trabajo para tratar el tema, según acordaron los cancilleres.
El portavoz de la Comisión Europea, Frederic Vincent saludó los intentos de hallar una solución a la situación actual, si bien advirtió: "Aunque Gibraltar no sea miembro de la zona Schengen (en la que rige la libre circulación de ciudadanos), cualquier medida que tome España en esa frontera debe ser proporcionada". Según explicó, la Comisión planea enviar expertos a la frontera en septiembre para "comprobar cómo se llevan a cabo esos controles, si son proporcionados, si se necesita hallar soluciones".
Gibraltar es un punto recurrente de fricción entre España y Reino Unido. La colonia, con unos 6,5 kilómetros cuadrados y unos 30.000 habitantes, pertenece al Reino Unido desde 1704, cuando el almirante George Rooke la conquistó en medio de la Guerra de Sucesión española. En 1713, el Tratado de Utrecht confirmó la soberanía británica. España la reclama desde entonces.
El lanzamiento de unos 70 bloques de hormigón por parte de Gibraltar en las inmediaciones de su aeropuerto, en una zona de la Bahía de Algeciras en la que faenan pescadores españoles a los que las moles de cemento impiden ahora pescar, fue el detonante de la tensión actual, que dura ya más de 10 días. El gobierno de Gibraltar lo justificó como medida de protección de la biodiversidad.
España ha incrementado los controles en la frontera, y eso ha despertado la molestia del gobierno gibraltareño, al igual que la medida que estudia el gobierno de Rajoy de cobrar 50 euros (unos U$S 65) por entrar o salir del Peñón.
En su conversación, Cameron mostró a Rajoy su "seria preocupación" por la situación. El gobierno español niega oficialmente que esos controles tengan que ver con el contencioso y asegura que tienen como objetivo la lucha contra el contrabando. Gibraltar asegura que son "controles ilegales".
En medio de esta tensión, tres embarcaciones de la Armada británica, incluida la fragata "HMS Westminster", visitarán el enclave dentro de un despliegue anual conocido como "Cougar". (DPA)