El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) necesitará de toda la experiencia para llevar a buen término dos delicados procesos: la cobertura de una vacante en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de otra en la Sala I de la Cámara de Familia y Sucesiones (ambos en el centro judicial de la capital).

Esos concursos están detenidos desde hace algunos meses en la definición del jurado que confeccionará, administrará y corregirá la prueba escrita, y podrían empezar a moverse esta semana, cuando el Consejo sesione por primera vez después del receso de invierno. Antes, los consejeros habían acordado integrar estos tribunales ad hoc con una mayoría de miembros foráneos, pese a que el reglamento del CAM dispone que al menos uno de los tres jurados debe provenir de otra jurisdicción.

Este texto preceptúa que cada vez que haya una vacante el órgano procederá a designar un tribunal formado por un mínimo de tres miembros titulares y otros tantos suplentes a partir de la lista elaborada por el CAM de modo que el jurado quede integrado, por lo menos, por un abogado, un juez o funcionario de la Constitución y un profesor de derecho. La decisión de aumentar el número de evaluadores foráneos se supone que incrementará la garantía de imparcialidad. Previamente, los consejeros habían optado por excluir del cuerpo a los miembros del tribunal colegiado al que pertenece el cargo en trámite de cobertura.

La importancia del proceso de selección correspondiente al fuero de Familia radica en que la cobertura de esa vacante acumula tres intentos frustrados. La primera vez, en 2010, hubo un concurso múltiple (luego derogado por una enmienda a la Ley 8.197) del que salieron tres nombres para tantas vacantes, pero el gobernador, José Alperovich, designó sólo a las dos primeras (en la Sala II de la Cámara de Familia y Sucesiones) y nada dijo -ni hizo- respecto del tercer nombre y cargo. Luego, los nuevos llamados de 2011 y 2012 no generaron candidatos en cantidad suficiente para armar la terna.

Distinto es lo que se dirime en el caso de la Cámara de Apelaciones: nada menos que el despacho que perteneció a Elva GracielaJiménez, hermana del ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez (la ex jueza se jubiló a comienzos de este año). Ese tribunal, que revisa las decisiones de los jueces de toda la provincia, fue diseñado por aquel funcionario alperovichista y aprobado por la Legislatura en 2003.

El cargo que perteneció Jiménez atrajo a 19 interesados: entre los inscriptos hay un juez, numerosos funcionarios y hasta políticos. En ese último grupo se destacan Enrique Pedicone, ex intendente de Monteros y ex legislador, y Carlos Guido Cattáneo, subsecretario del Ministerio de Gobierno y Justicia, y ex candidato a legislador de un acople impulsado por el ministro Jiménez. El abogado también fue asesor de Beatriz Rojkés de Alperovich en el Senado.