MADRID.- La Justicia española citó a la secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, a declarar como testigo en el caso del supuesto financiamiento ilegal de su agrupación, asentado en la contabilidad paralela que llevó el ex tesorero Luis Bárcenas, detenido en una causa por corrupción.
El juez, Pablo Ruz, citó también a los antecesores de Cospedal como número dos del PP, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos. La presidenta de la región de Castilla-La Mancha tiene fueros para ser interrogada en su despacho, pero anunció que concurrirá a hacerlo personalmente a la Audiencia Nacional. Lo mismo hará Arenas, quien es senador.
Cospedal aseguró estar "encantada" de colaborar con la Justicia y de poder contestar "todas las calumnias y mentiras" en relación a la contabilidad del PP. El oficialismo insiste en que su única contabilidad es la conocida públicamente.
Ruz consideró que los testimonios de los tres políticos son "pertinentes, útiles y necesarias" para esclarecer si el PP recibió fondos por fuera de la ley de financiamiento político durante dos décadas, como afirmó Bárcenas, que le aportó documentación original donde constan supuestas donaciones irregulares de empresas y el pago de sobresueldos a altos dirigentes, no declarados al fisco, durante el período en que gerenció la agrupación oficialista.
Entre los beneficiarios de los salarios en negro figura el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien el jueves comparecerá en el Congreso para dar sus explicaciones.
El magistrado convocó también a un empleado del PP y al gerente que sucedió a Bárcenas, Cristóbal Páez, y requirió documentación a varias de las empresas donantes, principalmente constructoras que luego se beneficiaron de obras públicas. La decisión fue tomada luego de que lo plantease Izquierda Unida y otros acusadores particulares, como a la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad.
Embargo millonario
Ruz dispuso además embargar los bienes de Bárcenas, quien acumuló una fortuna no declarada de U$S 63 millones en cuentas bancarias en Suiza, y también tiene emprendimientos empresarios en otros países, incluyendo una finca citrícola en Salta.
Como el detenido no abonó, dentro del plazo indicado por la Justicia, una fianza civil por U$S 57 millones, se le bloquearon varias propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias, incluyendo su domicilio familiar en Madrid, que comparte con su esposa, Rosalía Iglesias. (Especial-DPA)