La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), con votos divididos, ordenó una medida interna que podría generar resultados de fuerte impacto en el caso de Paulina Lebbos, la joven asesinada en 2006. A raíz de una presentación del Ministerio Público Fiscal (MPF) del pasado 14 de junio, en el que "se pone en conocimiento" del alto tribunal que se produjeron presuntas irregularidades en la causa, los vocales Antonio Estofán (presidente), René Goane y Antonio Gandur dispusieron la instrucción de un sumario administrativo en el expediente, hoy a cargo del fiscal de Instrucción en lo penal de la IV Nominación, Diego López Ávila. El objetivo, según el texto, es determinar "si existieron anormalidades formales mientras (se) tramitó la causa con anterioridad a la actual radicación".

En la acordada 574/13, firmada el pasado 4 de julio -y publicada en la web del Poder Judicial tras la feria-, los tres magistrados designaron a la fiscal de Cámara en lo Penal Nº 2, Marta Jerez de Rivadeneira, para que lleve adelante la investigación interna.

Los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse, en tanto, proponían que aquella responsabilidad recayera sobre la secretaria de Superintendencia del Poder Judicial, MaríaGabriela Blanco. Pero la mayoría del tribunal impulsó a Jerez de Rivadeneira.

Si bien la acordada no brinda precisiones sobre las supuestas anomalías, trascendió que la auditoría interna se inició porque se habría detectado un faltante de fojas cuando López Ávila recibió el voluminoso trámite judicial.

Este año, el enviado de la Secretaría Derechos Humanos de la Nación, Bernardo Lobo Bugeau, efectuó un análisis del curso de la causa penal. El estudio derivó en un informe con duras críticas hacia la investigación. Y esto dio pie a una serie de cambios en la pesquisa.

En junio pasado, tras siete años al frente del caso, el fiscal de Instrucción de la II Nominación, Carlos Albaca, se inhibió de continuar con esa tarea. El expediente pasó a la oficina del fiscal López Ávila. Luego, el padre de la víctima, Alberto Lebbos, llevó a Tribunales una denuncia en la que vinculó a "hijos del poder" con el crimen de su hija, Paulina.

Ayer, el querellante del caso fue consultado por este diario sobre la acordada 574/13, pero relató que aún no había sido notificado. "Voy a consultar con mi abogado (Emilio Mrad), pero creo que un sumario administrativo es un maquillaje. Aquí hubo delitos penales, y hay que imputar a los fiscales Albaca y (Alejandro) Noguera (encargado original de la pesquisa, en 2006) por todas las irregularidades", señaló Lebbos. Además, cuestionó la demora de la CSJT para iniciar este trámite, solicitado por el titular del MPF, Luis de Mitri, tras un informe del fiscal López Ávila. "Tampoco entiendo por qué no se ha apartado a nadie del cargo. Albaca y Noguera siguen solicitando libertades y detenciones. Ahora, si un empleado menor se equivoca en cualquier cosa, en el acto lo separan", advirtió.

Luego, recordó que en abril le había solicitado a la CSJT que se investigara a Albaca y a Noguera, y que se le permitiera, como querellante, acceder a la totalidad del expediente y sacar fotocopias. Por último, Lebbos apuntó que "nada de lo que pasó en esta causa fue azar". "Voy a usar las palabras del abogado (José Agustín) Ferrari, defensor del hijo de (José) Alperovich: esto forma parte de un montaje planificado y preparado exitosamente para darles impunidad a los homicidas de Paulina y a los cómplices encubridores", relató.